Los funcionarios y personal laboral de todos los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife no pudieron trabajar de manera adecuada el pasado lunes y ayer por un serio problema en el programa informático Atlante.

Según las fuentes consultadas, el fallo está en el sistema de telecomunicaciones y, a pesar de que hay técnicos intentando resolver la situación, hasta primeras horas de la tarde de ayer no fue posible solventarlo.

A pesar de que dicho programa se utiliza en todo el Archipiélago, las dificultades para acceder o mantener la conexión únicamente se han detectado, por ahora, en las islas occidentales.

El portavoz de UGT en la Administración de Justicia, Gregorio Pérez, explicó que los problemas comenzaron el lunes y ayer se agudizaron.

Pérez indicó que los fallos en el sistema afectan a los trabajadores de todos los órganos judiciales en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Según el citado delegado sindical en la administración autonómica, algunos funcionarios pudieron acceder, pero, después de un cierto tiempo, el sistema se volvió a caer.

Aclaró que, más que un problema de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, se trata de un fallo de telecomunicaciones.

En opinión de Gregorio Pérez, una de las consecuencias de ese problema técnico es que no se puede dar información a los ciudadanos que acuden a los juzgados para solicitarla y se genera un atraso importante en diferentes trámites de los procesos.

Además, aclaró que el bloqueo afecta a las plantillas de los juzgados que se encuentran de guardia.

Para el representante de UGT, en toda la provincia se han podido ver afectados unos 1.250 funcionarios aproximadamente. Pérez reconoció que ayer se puso en contacto con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez para pedir explicaciones, ya que, en el segundo día en que se registraron problemas, no se había ofrecido información. No obstante, en la jornada de ayer, dicho departamento del Gobierno canario emitió un comunicado para explicar de forma general lo que había ocurrido y que se trataba de resolver el problema.

Gregorio Pérez apuntó que las áreas más afectadas han sido "los decanatos, los servicios de guardia y los juzgados de violencia sobre la mujer".

Ante la situación, el portavoz de UGT advirtió sobre la importancia de que se ofrezca una información interna y externa, con el objetivo de que, por ejemplo, los ciudadanos eviten realizar grandes desplazamientos a un órgano judicial, ya que los funcionarios no les van a poder dar lo que demandan.

Fuentes autorizadas de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario reconocieron ayer que el pasado lunes se produjo una "incidencia" en el programa informático Atlante y que varios técnicos han iniciado una actuación para tratar de resolverla lo antes posible. Desde dicho departamento del Ejecutivo autónomo comentaron que, hasta pasado el mediodía de ayer, "no se ha resuelto" y tampoco se sabía cuándo se podría solventar. En cualquier caso, por parte de las autoridades políticas se ha dado "máxima prioridad" a dichas tareas para acabar con el bloqueo. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia confirmó también que se trata de un fallo en el apartado de las telecomunicaciones. Además, indicaron que los responsables del área "son conscientes de la gravedad de la situación". Fuentes de la Judicatura manifestaron que "se han caído los servidores y los órganos judiciales están bajo mínimos, al no poder tramitar". Hace poco más de tres años, en mayo del 2015, Intersindical Canaria aseguró que "la nueva versión del sistema informático de gestión procesal de la Administración de Justicia, el Atlante II 3.6, "solo sirve para paralizar" los órganos judiciales en Canarias. A través de un comunicado, el mencionado sindicato criticó que dicho sistema no solamente ralentiza, sino que tiene totalmente paralizada a la Administración de Justicia en el Archipiélago. La organización recordó en aquel momento que "la víctima" de la citada situación era la ciudadanía. En el transcurso de los últimos meses, jueces y fiscales han hecho movilizaciones en toda España para solicitar diferentes mejoras en su trabajo. Una de ellas consiste en la necesidad de que, a nivel nacional, mejoren los sistemas informáticos en las comunidades autónomas y la complementariedad entre los mismos, como vía para mejorar la eficacia del trabajo. Algunos jueces reconocen que ahora tardan más tiempo en analizar los expedientes que hace varios años.