El viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Emilio Moreno Bravo, comenzó esta legislatura en el PP como independiente. Pero, desde hace menos de un año, forma parte del Ejecutivo autónomo de CC, como independiente también, y fue uno de los responsables políticos que el pasado miércoles participó en la reunión con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para abordar la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia de la provincia.

¿Finalmente, la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife se hará en Cabo Llanos?

Toma cuerpo la opción de situarla en Cabo Llanos, pero aún no es definitivo. Ahora estamos a la espera de si se adopta la solución de aprobar modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, o bien se articula a través de procedimientos contemplados en la Ley del Suelo. Para decidirlo habrá reuniones con representantes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, la Consejería de Política Territorial, los operadores jurídicos y de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

¿La propuesta de El Sobradillo fue un "farol" del Gobierno canario y el Ayuntamiento?

No, ni mucho menos. De hecho, quedó claro, desde el principio, que cuando la Consejería optó por ese proyecto era porque se creía que se trataba del más favorable, que contaba con el mayor consenso social. La conflictividad posterior de los operadores jurídicos hace que por parte de la Consejería se reinicie la consideración de esa toma de decisión y se examinaran todas las posibilidades. Ni era un farol, ni una renuncia.

¿Esa propuesta en el Distrito Suroeste supuso una "espoleta" para que los operadores jurídicos unieran fuerzas y se buscaran alternativas en Cabo Llanos?

Contra eso no hay nada que oponer. La movilización social y de los operadores jurídicos es algo que enriquece la toma de decisiones. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, junto con el Ayuntamiento, tomará la medida que crea más ajustada a los intereses generales. La negociación, por sí, es buena; la imposición, no.

¿Desde su punto de vista, cuál es la mejor opción, El Sobradillo o Cabo Llanos?

La que decida la Consejería será la que mejor atienda a los intereses generales de la ciudad y todos los colectivos. Lo que hay que buscar es una Justicia de calidad, en la que se dote a los profesionales de todos los medios materiales necesarios para impartir una Justicia en condiciones, como buenas infraestructuras o herramientas informáticas.

Esas son algunas de las demandas de sus compañeros jueces y los fiscales. ¿Comparte sus reivindicaciones?

Eso es un tema de política general. Hay seguramente propuestas que son plenamente asumibles, como mejoras laborales o de las condiciones económicas. El debate sobre temas concretos, como es la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un asunto de alto contenido político, que requiere de una reflexión por ambas partes.

¿Opina que la Justicia está muy politizada, como manifiestan las asociaciones de jueces y fiscales?

No, ni mucho menos. Lo que ocurre es que hoy muchos de los temas judiciales son objeto de debate político. Sin ir más lejos, la toma de la decisión sobre dónde debe ir la Ciudad de la Justicia es objeto de debate político, ciudadano? ¿Eso significa que hay politización? No. El decidir un sistema de votación sí es algo que forma parte de la estructura jerárquica de nuestro sistema constitucional. Son temas en los que, evidentemente, tiene que estar la política. Quienes deciden cómo se organiza el sistema esencial van a ser los políticos, que son elegidos por los ciudadanos, que, a su vez, son los que tienen que determinar cómo quieren que sea su administración y cómo debe funcionar su Poder Judicial. Esa es la posibilidad de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones.

¿Se ha avanzado más en el proyecto de los nuevos juzgados en el último año y medio que en los 20 anteriores?

(Risas) Eso no lo puedo saber porque no estaba aquí hace dos décadas. (Más risas) Sé que, desde que llegué a Canarias en el año 2002, es un debate que existe. La verdad es que se ha hecho más en esta legislatura que en las anteriores.

¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos para lo que resta de periodo de mandato?

Mi idea básica y fundamental es sacar adelante dos decretos. Uno consiste en la creación de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial. Y el otro pasa por la regulación y creación de las oficinas de asistencia a víctimas de delito de violencia de género. Sobre el primero, ya hemos pasado la consulta previa y, en breve, se llegará al proceso de información pública. Respecto el segundo, se intenta ejecutar, dentro de nuestras competencias, la puesta en marcha de instrumentos previstos a nivel nacional y en la normativa comunitaria.