Tiene que interrumpir en varias ocasiones la conversación porque el teléfono le suena. Está intentando paralizar un lanzamiento en Lanzarote y le falta por localizar a una de las partes implicadas. María del Pino León lleva 16 años desempeñando distintos puestos de responsabilidad pública; estuvo primero en el Cabildo y desde hace un año en el Gobierno, donde dirige el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi).

Su departamento está consensuando un Plan de Vivienda que sustituirá al anterior, que tenía vigencia hasta 2012 y que la crisis no permitió cumplir. Durante años en Canarias, y en muchas otras partes de España, fue imposible contar con una hoja de ruta en materia de vivienda pública, justo cuando más se necesitaba. Ahora las cosas empiezan a cambiar y Canarias puede empezar a decidir qué política de vivienda necesita.

¿Qué diferencia tendrá este plan de vivienda con respecto al anterior, además de que esperemos que no haya una supresión de financiación a mitad de camino?

Creo que la cuestión más importante es la declaración que hace el Gobierno en las directrices del dos de abril, que inciden en el marcado carácter social del plan. La realidad es que tenemos una demanda de vivienda diferente, que sale de un escenario de crisis económica muy muy importante; por tanto, es una demanda absolutamente nueva. Es más compleja, más complicada, aumentada por la situación de crisis. Por eso el plan es absolutamente diferente, porque aborda esa problemática. Tenemos que poner medidas sobre la mesa que intenten resolver el incremento de esa demanda de vivienda, una demanda de vivienda distorsionada por la crisis.

La Consejería ha instado a los municipios a ceder suelo para construir vivienda pública. ¿Cómo está siendo la respuesta?

Muchos alcaldes me llaman y me dicen que quieren poner un suelo. Nosotros hemos sacado un escrito a través de Fecam dirigido a todos los alcaldes y alcaldesas para lograr una movilización importante. Destaco la buena receptividad por parte de los alcaldes y las alcaldesas, pero tenemos que pasar ya a los hechos, a que esos suelos estén localizados por los ayuntamientos y se pongan en marcha los procesos de cesión gratuita al Instituto. La realidad que tenemos que abordar es muy importante, y tenemos que poner medidas a cortísimo plazo. De forma inmediata. Por tanto, necesitamos los suelos ya. Cuanto antes empecemos, mejor.

Las directrices aprobadas por el Gobierno previas al plan de vivienda prevén poner en marcha un programa para incentivar que los propietarios que tengan viviendas vacías las pongan en el mercado. ¿Cómo?

En principio, el documento que hemos sometido a participación ciudadana es un documento abierto, donde no está el detalle de todos los programas, precisamente por eso, porque queremos que la gente opine, pero la idea es esa, aflorar esas viviendas. En Canarias, como en cualquier otro sitio, existe un parque de vivienda privado que está vacío, que no se usa. Y creemos que con ayuda, incentivando a los propietarios, ese parque puede salir al mercado de arrendamiento a precios asequibles. ¿Por qué no sale ahora? Por determinadas causas. Por ejemplo, porque los propietarios necesitan hacer obras de rehabilitación, porque tienen viviendas antiguas y necesitan una remodelación de la cocina o cambiar las instalaciones eléctricas. Y, también, porque los propietarios quieren tener una seguridad con el arrendamiento -que no tienen- y creen que pueden tener problemas para recuperar la vivienda por posibles impagos. Nosotros pensamos que si a través de un programa del Plan de Vivienda logramos paliar estos inconvenientes, los inmuebles saldrán al mercado. La idea es que el Gobierno ponga, por ejemplo, ayudas a la rehabilitación para los propietarios, pero con el compromiso de que las viviendas se pongan en el mercado durante un tiempo concreto y, por supuesto, a precios asequibles. Porque al final, el gran objetivo de este programa es que viviendas con calidad salgan al mercado a precios asequibles. Esos precios, para las familias con ingresos moderados, pueden estar en el orden de 400 o 450 euros. Es muy difícil que accedan a la vivienda si el precio es superior. El Gobierno también tiene que dar ayudas a la otra parte, al demandante de vivienda. Para eso tiene los programas de ayudas al alquiler, que llegan hasta el 40% de la renta anual y, si eres joven o mayor de 65, pueden llegar al 50%. De esta forma tocamos las dos patas: al demandante de vivienda y al dueño.

Hasta ahora ha habido un debate sobre cómo dar utilidad social a esos inmuebles vacíos para garantizar el derecho a la vivienda y también los derechos de los propietarios.

Efectivamente. Hay partidos que están poniendo sobre la mesa medidas drásticas, como las expropiaciones, pero yo creo que en un Estado de Derecho donde se reconoce el derecho de propiedad hay que buscar otras opciones. Es verdad que el uso principal de la vivienda es el residencial y las viviendas que no están en el mercado pierden ese uso. Están siendo ocupadas porque pierden el servicio social. Pero creo que se pueden adoptar otras medidas para garantizar a los propietarios su derecho de propiedad y que, si quieren, puedan optar por usar los ahorros para comprarse una vivienda en lugar de irse de viaje. Esas medidas son ayudas, incentivos, que garanticen la salida de la vivienda al mercado y que cumpla su función social.

Muchos propietarios han visto estos años cómo sus viviendas son ocupadas.

Efectivamente. Esta es una medida. No podemos hacerlo desde el plan, porque no es una norma, pero también se podrían plantear incentivos fiscales para esas personas que decidan poner sus viviendas en alquiler. Una medida de carácter fiscal que promueva poner en el mercado la vivienda.

¿Qué medidas contemplará el plan para colectivos que tienen especiales dificultades para casi todo, incluido acceder a una vivienda, como las personas con discapacidad o los mayores con pensiones reducidas?

Los mayores de 65 años tienen limitaciones normales de la edad, algunas compatidas con las personas con discapacidad. Tenemos líneas de subvenciones para rehabilitar las viviendas y hacerlas más accesibles. Son tanto para edificios como para entornos. También las ARRU (Ayudas a la Regeneración y Reurbanización Urbanas) contemplan esas medidas de accesibilidad. Además, en el documento de 2018 también se ha incluido una línea que yo llamo de "accesibilidad canaria". La llamo así porque vamos a cubrir las viviendas individuales unifamiliares en el medio urbano o rural, la vivienda en un edificio y el interior de la vivienda. Es decir, se darán ayudas para cambiar una bañera por un plato de ducha o cambiar las instalaciones eléctricas. Con respecto a esto último, todo el mundo tiene que cumplir con el código técnico de edificación en materia de instalaciones eléctricas, pero somos conscientes de que a veces para muchas familias es muy complicado abordar esta necesidad, que no es ya una cuestión solo de accesibilidad, sino de seguridad. También hay gente que tiene que adaptar las instalaciones sanitarias, las cocinas... Pues esa es la "rehabilitación canaria" que vamos a sacar este año y que está incluida también en la propuesta de plan que hemos sacado.

¿Y cómo puede intervenir la Comunidad Autónoma a través de su política de vivienda para abordar un reto tan importante como es el envejecimiento de la población y que cada vez más personas vivan solas?

Se va a plantear una fórmula específica para mayores de 65 años en el programa para el tema del cohousing, que es una nueva modalidad de acceso a la vivienda, especialmente para mayores de 65 años, que trata no solo de proveer de viviendas adaptadas a esas edades, sino de proyectos más favorables para que los mayores compartan vivienda y gastos asociados a las necesidades que surgen cuando tenemos estas edades. En Canarias se está incrementando la población mayor de 65 años cada vez más y, por tanto, este modelo de acceso a la vivienda para mayores de 65 años es muy interesante. Aborda varios aspectos, desde el tema de no estar solos hasta asuntos como la medicación, temas sanitarios, actividades lúdicas? El cohousing es un modelo que se está experimentando ya en otros lugares con mucho éxito y que el plan quiere impulsar.

¿De qué manera? ¿También a través de incentivos?

A través de ayuda pública para que se pongan en marcha este tipo de modelos. Ya estamos viendo que en otros sitios están siendo muy efectivos. La población es diferente a la de hace 10 o 15 años, y uno de los planes que se pueden implementar es este.

Uno de los programas que ya se han puesto en marcha es "Canarias+ViviendasxFamilias", que busca dar respuestas a necesidades habitacionales. ¿Qué perfiles de usuarios están acudiendo al servicio del Gobierno?

Este programa esta siendo muy efectivo. Se está consolidando. El problema de los desalojos se va a ir desinflando poco a poco en los próximos años, porque a medida que el Gobierno incremente el parque público esta realidad cambiará. Ya lo está haciendo poco a poco, no es un problema de dinero sino de tiempo. Hay que tener suelo, redactar proyectos y ejecutar obras.

¿Y vivienda pública construida por promotores privados?

Sí, el Gobierno también tiene otra medida muy importante, las ayudas para que los promotores privados hagan vivienda protegida de promoción privada, que son viviendas de precios de venta y renta asequibles para la mayoría de la población. Eso también va a tener un efecto claro en los próximos años, una vez que estén construidas nuevas viviendas. A medida que seamos capaces de poner esas viviendas en el mercado, las familias que puedan ir al mercado normal irán y las que sean vulnerables tendrán estas a su disposición. Pero mientras eso no ocurre -los tiempos son los que son-, tenemos situaciones de familias con problemas graves por impagos o extinciones de contratos de arrendamiento, que se ven desalojadas de sus viviendas. También casos de familias que están ocupando de forma ilegal viviendas, sobre todo propiedades de entidades. Estamos haciendo un trabajo intenso, que creo que está dando sus frutos, porque estamos paralizando muchísimos lanzamientos a través de este programa. Estamos celebrando convenios con bancos para que nos cedan viviendas que sean soluciones habitacionales.

¿El principal problema son los impagos por alquileres o las ocupaciones?

En la mayoría de los casos no estamos atendiendo impagos -hay alguno que otro-; el mayor problema que estamos resolviendo tiene que ver con ocupaciones ilegales se viviendas que son propiedad de los bancos. Los bancos están activando la recuperación de todas esas viviendas.

¿Qué puede hacer el Gobierno para evitar esos lanzamientos?

Nosotros hacemos dos cosas cuando tenemos la información. Nos dirigimos al banco y al juzgado y les pedimos que nos aplacen el lanzamiento para analizar la vulnerabilidad de las familias y buscarles una solución habitacional. Quiero agradecer a todas las entidades y a los órganos jurisdiccionales su comprensión en este sentido. Nuestro objetivo es atender a las familias que son vulnerables, porque existen otras que no lo son y están ocupando viviendas. Eso es un delito tipificado en el ordenamiento jurídico español y una sociedad no lo puede permitir.

Un observatorio de la vivienda

El plan de vivienda planteado por el Gobierno prevé un programa que incluye el diseño y la puesta en marcha del Observatorio Canario de la Vivienda. El Observatorio, según se explica en el documento que maneja el Gobierno, se articulará como un instrumento que posibilite la transferencia y el acceso a la información y conocimiento en materia de vivienda con un triple objetivo: conocer y satisfacer la demanda de los sectores implicados en el ámbito de la vivienda, servir de apoyo al proceso de toma de decisiones públicas y reflejar la realidad de la vivienda desde un punto de vista objetivo.

Canarias + Viviendas x Familias

El programa de ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad denominado Canarias + Viviendas x Familias "C+VxF" busca dar soluciones habitacionales a personas que sufren un desahucio o no pueden acceder al mercado "normal". El Instituto Canario presta asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, desahucios, desalojos y otras circunstancias en las que exista un alto riesgo de que personas físicas o unidades de convivencia queden en exclusión residencial.

Emancipación juvenil

El plan incluirá un programa de ayuda a los jóvenes canarios. Este programa regulará dos opciones de ayudas para los jóvenes de hasta 35 años: ayuda para el alquiler de vivienda habitual y permanente y ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio de pequeño tamaño. El objetivo es favorecer la emancipación de este colectivo duramente tratado por la crisis.