El protocolo que regula el convenio de infraestructuras hidráulicas para Canarias no solo existe, sino que ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado. La Consejería de Agricultura ha esgrimido este documento para desmentir a la delegada del Gobierno en el Archipiélago, Elena Máñez, que recientemente se mostraba partidaria de "negociar los términos" del acuerdo con el Ejecutivo regional para dar "una salida consensuada" al bloqueo de la firma del convenio que posibilitaría invertir 915 millones de euros en obras relacionadas con el agua en los próximos doce años.

"Examinado el protocolo general remitido y, considerando la legislación aplicable al presente caso, se estima el mismo conforme a derecho", reza el escueto dictamen de los servicios jurídicos del Estado, fechado el 25 de mayo. Sin embargo, la Delegación del Gobierno alegaba el pasado viernes que "es imposible recortar el presupuesto de un protocolo que no existe".

Al margen de las dudas expresadas por el Ejecutivo central acerca de la misma existencia del protocolo, el Ministerio de Transición Ecológica ha paralizado la firma del convenio al entender que es preciso recortar 14 millones de euros sobre los 40 previstos en los presupuestos generales del Estado debido a que corresponden a actuaciones que están pendientes de ejecución.

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, se reunirá el próximo martes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, un encuentro en el que en principio iba a firmarse el convenio pero que, dado el giro que ha dado la situación, se convertirá en un intento de resolver el problema.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, expresó ayer su confianza, en declaraciones a Radio El Día, en que el convenio pueda firmarse. Quintero recordó que los presupuestos contemplan que los 4o millones contemplados para 2018 podrán ejecutarse hasta finales del próximo año.