Un jurado ha declarado esta noche al director general de Industria del Gobierno de Canarias en 2004, Celso Perdomo, culpable de haberse dejado sobornar por tres empresarios para amañar el concurso convocado por la comunidad autónoma para autorizar la instalación de parques eólicos.

El veredicto, dictado por unanimidad, considera probado que Perdomo cobró casi 36.000 euros de los acusados Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel para obtener un trato de favor en el reparto de megavatios.

También ha sido declarado culpable de haberse dejado sobornar por los mismos empresarios, un alto funcionario del Gobierno de Canarias Honorato José López Torres, entonces jefe del área de energía de la Consejería de Industria, quién durante el juicio reconoció que se había puesto de acuerdo con Perdomo para que estos pactos siguieran adelante una vez que este perdió su cargo.

El tribunal también ha encontrado culpable a Celso Perdomo de haber filtrado a otras dos empresas información reservada sobre el concurso eólico antes de que este se convocase, con detalles sobre los criterios de valoración e incluso sobre los terrenos elegidos para los parques eólicos, sus propietarios y los números de teléfono de contacto de estos.

Finalmente el veredicto culpa a Perdomo de haberse gastado 740 euros del presupuesto de su departamento en la compra de libros para su disfrute particular.

La pareja del exdirector general, Mónica Quintana, ha sido asimismo declarada culpable de haber participado como cooperadora necesaria en el cobro de los sobornos a través de una cuenta abierta en un banco luxemburgués a su nombre y en la compra de libros con cargos a recursos públicos.

En vista de esta veredicto el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, ha pedido un total de cuatro años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para Celso Perdomo, por un delito continuado de cohecho, otro de violación de secretos y un tercero de malversación de fondos públicos.

El fiscal considera a Mónica Quintana cooperadora necesaria de los delitos de cohecho y malversación y propone que se le imponga dos años y nueve meses de cárcel así como cuatro años de inhabilitación y una multa.

Para los empresarios y para el funcionario involucrado, que han reconocido su culpabilidad y han mostrado su arrepentimiento, pide penas de cinco meses de prisión que pueden ser sustituidas por una multa de acuerdo a la nueva legislación.

Todas las defensas han pedido que se conceda a sus clientes el beneficio de un atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que este proceso se terminó de instruir en 2009 pero por diferentes circunstancias no se ha juzgado hasta 2018.

El magistrado Pedro Herrera ha anunciado a las partes que tiene previsto notificarles la sentencia con las penas correspondientes en la primera quincena de septiembre.