Con el voto de casi todos los grupos del Parlamento canario y la única abstención, aunque bien justificada, de Podemos, la Cámara regional dio ayer el primer paso para modificar la Ley 17/ 2003, que regula la actividad pesquera en las Islas, de forma que los pescadores puedan ampliar sus ingresos con actividades complementarias relacionadas con el turismo.

A falta ahora del periodo de enmiendas, ayer se tomaron en consideración unos cambios propiciados por CC, PSOE, PP, NC y ASG que, atendiendo mucho a la norma estatal, permitirán, entre otras cosas, que se puedan subir a embarcaciones pesqueras pasajeros (turistas o residentes interesados) y comprobar cómo se pesca o ser protagonistas de lanzamientos y capturas, siempre con delimitación clara de acciones.

La modificación incluirá los términos "pesca turismo", "turismo marinero" o "pesca acuícola". La primera es la relativa a los viajes con pescadores en función del tamaño de cada barca, con un mínimo de dos pasajeros para las menores de 8 metros de eslora; 4 de 8 a 12 y, así, de manera creciente. El "turismo marinero" se efectuará en los puertos, mientras que la parte acuícola posibilitará las visitas a las jaulas de la acuicultura presentes en diversas zonas del Archipiélago.

Rosa Bella Cabrera (PSOE) recordó que esta propuesta de cambio surge tras una PNL de su grupo y CC de 2016, que no se ha cumplido en gran parte. A su juicio, es un buen momento para extender los beneficios del turismo a otros subsectores y una excelente oportunidad para que los pescadores canarios amplíen sus ingresos y actividad, mostrando su quehacer y concienciando sobre la sostenibilidad de los fondos.

Por eso, cree que se necesitaba dotarles de suficiente seguridad jurídica para estos complementos, de manera que tengan claro qué se puede hacer en las visita, si requieren hojas de reclamación, cartelería que garantice la calidad del servicio o seguro, aparte de definirse un régimen de sanciones.

Para Meladie Mendoza (ASG), se necesitaba esta regulación desde hace mucho, si bien advirtió de las prácticas incontroladas que ponen a prueba la subsistencia de la pesca tradicional. Pedro Rodríguez (NC) recordó que Canarias solo tiene competencia en el 1% de la costa, que se limita, sobre todo, al marisquero y la acuicultura, y que únicamente el 11,6% del pescado que se consume es de aquí. Por ello, ve bien la medida, aunque siempre desde el respeto al medio.

Cristina Tavío (PP) subrayó que, con el cambio y la ley estatal, se da cumplimiento a los acuerdos de España con la UE, "ya que, éramos un país incumplidor al no declarar todas las capturas y solo así podremos ser benefactores en futuros acuerdos". En su opinión, el paso es muy relevante, aunque avisó de que incorporará las alegaciones de la asociación de embarcaciones de recreo para delimitar las fronteras, que no haya competencia desleal y que ningún profesional del turismo obtenga el carné de pesca para esto. Además, instó a ampliar las reservas marinas en pro de la conservación.

Cerró las intervenciones favorables Nereida Calero (CC), quien se congratula del tiempo de reflexión que se dieron tras la PNL para que estas prácticas no fomenten el intrusismo en otros subsectores, "pues todos podrían pedir actividades complementarias". Por supuesto, la clave, en su visión, pasa por "socializar los beneficios del turismo" desde el control.

Podemos exige consenso y avisa sobre la seguridad

Podemos subrayó que no se opone, pero sí tiene dudas sobre cómo implementar estos complementos. Concepción Monzón no tiene claro que esto llegue a los pescadores artesanales y resaltó las diferencias de Canarias con Galicia y Cataluña, donde esto ya se ha regulado. Censura que solo se incluyan las definiciones de la norma estatal y puso mucho énfasis en garantizar al máximo la seguridad. Sobre esto, recordó que el 77% de las barcas en las Islas son menores de 10 metros y que las medidas de seguridad debe autorizarlas Capitanía Marítima, "pero se dejan en manos del patrón". Por eso, no cree que se delimite bien lo del seguro, los elementos de salvamento, el botiquín o las autorizaciones de padres para menores. También pide dejar clara la prohibición del acceso a ciertas zonas del buque. Por todo, anunció enmiendas para enriquecer los cambios y pidió que se hable mucho con los pescadores y que todo se apruebe con máximo consenso. Además, remarcó que, si en 2010 había unos 700 barcos, ahora son solo "unos 500 y pico". También avisa de que esto supone más carga para la inspección para evitar el intrusismo.