El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, se mostró ayer sorprendido por la acusación de la directora general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, Jesús María (Susa) Armas, de estar retrasando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Telescopio de Treinta Metros por la ausencia de documentos para cerrar el expediente.

El regidor municipal, que ratificó su compromiso con el TMT, acusó a Susa Armas de "deslealtad institucional". A propósito, señaló que "estamos ante un procedimiento que desde el principio se ha desarrollado con absoluta claridad, con muchas reuniones previas en las que han participado desde el Gobierno de Canarias al Cabildo de La Palma, el Consorcio del TMT representado por un grupo de abogados y de técnicos y el IAC; y todos somos conscientes de que es un proceso amparado en una nueva ley".

Entre todas las administraciones participantes para ofrecer una alternativa fiable para el TMT, se han "firmado convenios para asesorarnos, modificar, corregir y ayudarnos mutuamente con el objetivo final de cumplir los plazos; siempre trabajando con las cartas boca arriba". Y ahora, sin embargo, "aparece la directora general con esta nota de prensa que no sé cómo calificarla", subrayó el alcalde.

Vicente Rodríguez señaló que de todos los encuentros mantenidos, "se ha levantado acta, y nosotros no éramos conscientes de que faltara absolutamente nada", por lo que las declaraciones de Susa Armas, "que creo que no ha participado en ninguna reunión, por lo menos en ninguna en la que yo estuviera presente, son una deslealtad institucional hacia una administración que sabemos las limitaciones técnicas que tiene".

El alcalde entiende que en el marco de ese trabajo conjunto, "si hay algún fallo o alguna carencia en el proceso administrativo que ha llevado a cabo el ayuntamiento, lo lógico es que se nos comunique levantando el teléfono y no a través de los medios de comunicación". "Es una reacción producto de otras fechas más que de querer resolver los problemas; un juego en el que no voy a entrar", sentenció.

Vicente Rodríguez recuerda además que "cuando firmamos el convenio con el órgano ambiental del Gobierno de Canarias, el órgano del Cabildo no estaba todavía constituido. El Gobierno de Canarias se comprometió a que hacía la evaluación ambiental del proyecto y, sin embargo, hace cuestión de dos semanas nos comunica que ellos lo que elaboran es el informe, que la evaluación la apruebe el Pleno del ayuntamiento. En cierta forma, es una dejadez de sus responsabilidades, pero en ningún caso sacamos una nota de prensa ni nada por el estilo".

Al contrario, "lo que hemos hecho es ver con los abogados del TMT y la secretaria del ayuntamiento que eso es posible, es decir, podemos aprobar en el pleno el órgano ambiental y dar la licencia en comisión del gobierno, no entramos en ninguna contradicción, jurídicamente es correcto, y lo que haremos es asumir nosotros esa responsabilidad".

PUNTAGORDA