Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de Canarias, los ayuntamientos de las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, llegan por primera vez a aprobar en su conjunto. Entre todas han alcanzado una nota media de más de 5 sobre 10 en el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), según la evaluación realizada por el Comisionado canario, después de haber recibido hasta el mes de junio las declaraciones de cada municipio a través de la aplicación telemática "T-Canaria".

También ha sido la primera vez en la que todos los ayuntamientos de Canarias han cumplido su obligación de rendir cuentas sobre su propia transparencia. Canarias es la primera comunidad autónoma que dispone de un índice oficial de medición de la transparencia, que ha llegado este año a abarcar a todas sus instituciones públicas y a más de un tercio de sus más de trescientas entidades dependientes.

Tanto los ayuntamientos de Tenerife como de Gran Canaria avanzaron en el cumplimiento de sus 166 obligaciones de publicación de contenidos en los portales de transparencia de sus páginas web, si bien con diferentes intensidades.

En las dos tablas insulares puede apreciarse la evolución de su media aritmética insular y de su media aritmética ponderada por la población de cada municipio, siendo esta última más alta por el importante peso demográfico de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, municipios con buenos indices de cumplimiento, (aunque en Gran Canaria la reducida nota de Telde arrastra hacia abajo su resultado).

La media ponderada por población de Gran Canaria pasó del 4,54 del año 2016 al 6,72 del ejercicio pasado; crecimiento notable que también se aprecia en la media aritmética, que evolucionó del 2,57 al 4,87 en igual periodo.

Los resultados del conjunto de los municipios de Tenerife son los mejores de todas las islas del archipiélago: su media ponderada por población pasó del 4,26 del año 2016 al 7,28 del ejercicio pasado: y su media aritmética, del 3,71 al 6,42.

El comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, considera que esta mejora se ha logrado tras comenzar "a medir el grado de cumplimiento ya en 2016, aunque sin poner todavía nota", y por la creación, el año siguiente, del Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Esto, según Cerdán, "ha empujado a mejorar al conjunto de los ayuntamientos, porque la mayoría no ha querido quedar a la zaga del resto".

"Desde hace tiempo se asegura que lo que no se mide no se mejora, pero lo que esta plenamente demostrado es que no se pueden comprobar las mejoras sin medir y que las mediciones inducen a la mejora (excepto cuando pecan por exceso al alza o a la baja)", insistió Cerdán.

Así, si en el año 2017 superaron la puntuación de 5 veintiuno de los treinta y un municipios de Tenerife (por este orden, El Sauzal, Fasnia, Buenavista, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, La Victoria, Arico, Santiago del Teide, Los Realejos, La Matanza, Tegueste, Santa Ursula, San Juan de la Rambla, Granadilla, Garachico, Arafo, Guimar, Arona, La Orotava y El Rosario), en 2016 solo once habían logrado superar el aprobado.

Y en Gran Canaria rebasaron el aprobado en 2017 siete de veintitrés municipios ( Arucas, Las Palmas, Santa Lucia, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo y Mogán, quedando en el borde Artenara y Firgas); siendo así que en 2017 solo había logrado pasar de 5 la ciudad de Las Palmas, que, con 7,13 aquel año, fue uno de los diez mejores de la comunidad autónoma en materia de portales de transparencia, aunque no se caracterizó precisamente por responder a las solicitudes de derecho de acceso a la información más complejas presentadas de los ciudadanos.

La arbitrariedad en la evaluación se ha reducido todo lo posible al ser calculada matemáticamente por un algoritmo. Por primera vez, las 98 instituciones públicas de Canarias hicieron primero un ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia ; a través de la herramienta telemática "T-Canaria" en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. Hasta 527 responsables públicos han participado en este ejercicio, que contó con cuatro ampliaciones de plazo para su realización y con un periodo de alegaciones.