El Gobierno canario y representantes de la Federación de Pesca han denunciado hoy que los cerqueros que operan en aguas de Senegal, Mauritania y Cabo Verde impiden la llegada de atún a Canarias, lo que ha provocado que el 80% de los barcos que se dedican a la pesca del atún en las islas estén prácticamente parados, algo que a un pesquero de grandes dimensiones puede generarle hasta 80.000 euros de pérdidas.

El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores Las Palmas, Gabriel Jiménez, ha informado hoy, tras reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que hay entre 14 y 18 atuneros, que antes estaban en el océano Índico, al sur de Canarias, donde han desplegado entre 500 y 600 objetos que atraen hasta 800 toneladas de atunes.

Esto provoca que la ruta de los túnidos hacia Canarias se vea entorpecida, ha alertado Jiménez, quien ha pedido a Clavijo, como presidente de las Regiones Ultraperiféficas (RUP), que inste a Europa y también al Gobierno español a que se controle este tipo de pesca que, a su juicio, es dañina y mala.

"Uno de los problemas que tiene sin dormir al sector atunero es la falta de pesca que hay en Canarias a día de hoy", ha manifestado el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores Las Palmas, quien, como solución a corto plazo, ha propuesto que se otorgue una cuota de 1.600 toneladas de atún blanco para Canarias entre septiembre y noviembre, sugerencia respaldada por el Gobierno canario.

Ha explicado que no se ha pescado prácticamente nada de este atún en Canarias, mientras en el País Vasco "hay una pesca bestial", lo que podría ocasionar que se extinguiera la cuota a nivel nacional en un mes, antes de que el atún llegue a Canarias, lo cual sería "muy perjudicial".

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado que la semana pasada envió una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Comisión Europea en la que solicita que se prohíba de forma temporal y precautoria el empleo de este tipo de pesca masiva que perjudica a Canarias a la flota de bandera española en las aguas del Atlántico oriental.

Asimismo, pide un informe pormenorizado basado en datos en relación a este tipo de pesca y reclama medidas temporales por parte de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICCA), respecto a la utilización de objetos concentradores de peces.

Según explica el Gobierno canario en la misiva, existen evidencias científicas que sugieren que los dispositivos utilizados por las flotas pesqueras que operan en Senegal, Mauritania y Cabo Verde afectan a la dinámica de los bancos de atunes, actuando como una barrea contra sus movimientos migratorios naturales.

Este método mata a todo tipo de pescado, por lo que no es selectivo, sostenible ni artesanal, ha criticado el consejero, quien ha cuantificado las pérdidas para los pescadores de Canarias en millones de euros en comparación con el año 2016.

Para el Ejecutivo "existen, por tanto, motivos fundados para suponer que tales prácticas han llegado a afectar en la presente campaña de pesca al comportamiento migratorio de los túnidos tropicales habituales en el área de Canarias".

Por ello, Narvay Quintero, que se reunirá mañana con el Ministerio, ha mostrado su preocupación porque el comportamiento migratorio de los atunes pueda estar siendo alterado "gravemente" por flotas pesqueras que utilizan objetos flotantes que dirigen a los pescados e impiden su llegada a Canarias.

El consejero ha resaltado que la pérdida de captura de atún constituye un verdadero desplome de ingresos que afecta directamente a una flota de más de 200 embarcaciones pesqueras, tradicionalmente dedicadas a la pesca activa de túnidos en Canarias.

En la carta enviada al Ministerio, recuerda también que la tradición de pesca de túnidos con caña y liña de mano de los pescadores canarios es centenaria, muy selectiva y de reducido impacto ambiental, y ha conservado su capacidad en términos de arqueo al menos desde principios de la década de 1970, lo que es prueba de un equilibrio sostenible respecto a la explotación de recursos en los que se sustenta.