"Me gustaría que los grupos políticos pusieran tanto interés y dedicaran tanto tiempo y esfuerzo a la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales como lo hacen para sacar adelante la ley de reforma electoral". Así de contundente se mostró la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, quien recordó que la ley de Servicios Sociales entró en el Parlamento el pasado mes de octubre y "los grupos políticos deben de hacer un esfuerzo de consenso para que se pueda aprobar y, en el escenario del ejercicio presupuestario de 2019, contar con financiación necesaria para poder comenzar a cumplir con la misma".

Según explicó Valido, "hay dos aspectos que hacen fundamentales la aprobación de la Ley. Por un lado, la posibilidad de, si se aprueba la ley y contamos con la mejora presupuestaria necesaria, poder actualizar los precios de los servicios congelados hace más de una década, lo que permitirá que los operadores de los servicios, reciben la justa prestación por los servicios que prestan y, por tanto, colocarnos en la media del Estado en los próximos años, y, por otro lado, la necesidad de incorporar trabajadores sociales a los municipios para poder atender a la ciudadanía más vulnerable, que hace urgente que se apruebe la Ley con el porcentaje de profesionales que cada municipio debe de incorporar para poder, en el próximo año, transferir los fondos a los ayuntamientos para contratar a estos equipos técnicos, lo que nos permitirá, tal y como hemos pactado en la Mesa de Concertación Social y con la Fecam, promover la modificación del decreto que regula la Prestación Canaria de Inserción ( PCI), y ampliar la cobertura de la prestación".

"No podemos aprobar la ampliación de la PCI sin que aprobar la Ley de Servicios Sociales y sin incorporar personal técnico a los municipios", insistió Valido, quien explicó que "la aprobación de la Ley es la que va a determinar cuánto vamos a crecer en los próximos años"

"Este crecimiento nos va a llevar a alcanzar la media del Estado y permitirá en 2019 se mejoren los precios de los servicios y se transfieran a los ayuntamientos los fondos presupuestarios necesarios para la contratación personal para los servicios sociales", señaló.

"Todo ello nos conducirá a mejorar la calidad en la prestación de los servicios y, por supuesto, a ampliar la cifra de personas y familias atendidas así como a ampliar el perfil de ciudadanos que podrían ser beneficiarios de la PCI", enfatizó la consejera de Políticas Sociales, quien concluyó que, "es necesario aprobar la ley antes de noviembre para poder incluirlo en el ejercicio presupuestario de 2019".

Hay que recordar que Gobierno de Canarias aprobó el pasado mes de octubre el traslado del proyecto de Ley de Servicios Sociales al Parlamento de Canarias, un proyecto de Ley de nueva generación que pondrá en marcha un Sistema de servicios sociales público, universal, garantista, moderno y accesible que introduce cambios sustanciales con respecto a la Ley del 87, que cumple ya 30 años, al incorporar el acceso a los servicios sociales como un derecho subjetivo y universal de la ciudadanía.

El proyecto de Ley de Servicios Sociales es un texto normativo con amplia participación ciudadana, del Tercer Sector, de los Colegios Profesionales, Cabildos y Ayuntamientos a través de plataformas de nuevas tecnologías y foros específicos y que surge de la necesidad de búsqueda de nuevas soluciones a los nuevos tiempos surgidos tras la crisis económica.

Las administraciones se coordinarán en red

Según contempla la nueva ley que prevé aprobar el parlamento regional, el nuevo Sistema público de servicios sociales estará integrado por el conjunto de Administraciones públicas canarias, que se coordinarán en red, junto con sus centros, servicios y demás recursos en materia de servicios sociales y de asistencia social, de titularidad pública y privada, destinados a la ciudadanía en general, y en particular a las personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.