El Gobierno español negocia "intensamente" con la Comisión Europea y con otros países de la Unión Europea (UE) una respuesta "común y solidaria" a la situación del Aquarius y espera que se traduzca en una "solución compartida en las próximas horas".

Fuentes del Gobierno señalaron que España no ha cambiado de postura respecto a la actuación llevada a cabo en junio con el buque, que fue acogido en el puerto de Valencia (este) con 629 inmigrantes a bordo, y precisó que "si ahora se produce una solución común europea" es consecuencia de aquella decisión.

El barco Aquarius, gestionado por las ONG SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras, ha apelado a los gobiernos europeos para poder desembarcar en un puerto seguro a las 141 personas que rescató el viernes pasado frente a las costas de Libia.

El buque sigue fondeado en el Mediterráneo central a la espera de ser autorizado para dirigirse a algún puerto, después de que los gobiernos de Italia y Malta denegaran el desembarque, como ya es habitual en casos similares

España, de momento, argumenta que su territorio no es el puerto más seguro para la embarcación porque no es el más cercano según las normas del Derecho Internacional, y tampoco existe "la misma situación de crisis humanitaria" que hace dos meses, cuando se autorizó que el barco fuese a Valencia, según fuentes gubernamentales.

Las fuentes consultadas insisten en que el Ejecutivo español está trabajando en una solución común "desde el primer minuto", pues los flujos migratorios son un reto que competen a todos los estados miembro de la UE.

Ciudades portuarias de España (Barcelona), Italia (Nápoles) y Francia (Sète) se han ofrecido a acoger el buque Aquarius, pero la autorización depende de los respectivos gobiernos nacionales.