La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), que representa a 70 empresas de distintos sectores en España, considera "tremendamente preocupante" que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no vea un problema en el ''Top Manta'', recordando a la regidora que es una actividad ilegal, controlada por mafias y que provoca inseguridad en las calles de la capital.

Así lo ha afirmado el colectivo en un comunicado en el que carga contra Carmena por la defensa que hizo ayer de los denominados ''manteros''.

Además de ser ilegal u estar controlada por mafias que explotan a los vendedores irregulares, los afectados por esta práctica han insistido en que se distribuyen artículos y productos "sin ningún tipo de control de calidad y que pueden dañar la salud de los ciudadanos".

Además, han destacado que provoca desorden público y problemas de seguridad en las calles de las ciudades, al igual que perjudica enormemente el comercio y la economía local y nacional.

Así, han reiterado que la venta ambulante ilegal conocida como "top manta", es una actividad ilícita realizada vulnerando la normativa que regula la venta ambulante. "Todo el proceso, desde la fabricación de los productos hasta su última comercialización al cliente final se realiza en económica sumergida", ha recordado la asociación.

Según el colectivo, al Ayuntamiento de Madrid sólo se le pide que cumpla con las ordenanzas municipales que prohíben la venta irregular ambulante y ha considerado que es "anómalo" que los administrados le pidan a la Administración que aplique su Derecho Administrativo.

Si bien el problema no lo creó este ayuntamiento, ANDEMA lleva más de dos años denunciando que, con su omisión, este Consistorio están llevando el problema a un nivel muy difícil de gestionar. Por tanto, si ha llegado hasta donde está es debido a "su tolerancia con la venta irregular".

De acuerdo con los últimos datos de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el mercado de las falsificaciones le ha costado a nuestro país 40.131 puestos de trabajo. En los trece sectores más perjudicados por la distribución y venta de falsificaciones, España ha perdido 6.175 millones de euros.

ANDEMA ha señalado además que no entiende por qué, y no comparte, que la actuación firme para perseguir infracciones y la aplicación de sus ordenanzas por el Ayuntamiento de Madrid se haga depender de la aprobación de un "carnet de ciudadanía", que no tiene relación con el problema, sin que "haya relación efecto-causa y sin que se tenga en cuenta el efecto llamada que ello tendrá en la venta irregular en Madrid".

Por ello, ha afirmado que apoya y agredece el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicos y locales, así como de las Aduanas en la lucha contra la distribución y venta ilegal de falsificaciones.