El Ayuntamiento de Santa Cruz ha logrado renovar por espacio de un año la autorización del servicio de las 20 cámaras de videovigilancia que protegen el parque García Sanabria a diario en horario nocturno de nueve horas -de las 22:00 a 7:00 horas-, después de acreditar ante la Administración General del Estado su "eficacia disuasoria" en la comisión de daños o delitos dentro de esta zona verde emblemática de la capital tinerfeña.

Zaida González, concejal de Seguridad, expresó su satisfacción por una autorización de prórroga que viene a avalar el acierto inicial de activar las cámaras de vigilancia, en la medida que ha quedado demostrado que su empleo contribuye a reducir de forma significativa las infracciones y los delitos".

Así, la resolución reconoce el valor patrimonial del parque al recordar el carácter de Bien de Interés Cultural con categoría de Jardín Histórico, en el que se encuentran esculturas de gran valor artístico y patrimonial, algunas de ellas procedentes de la primera exposición internacional de Esculturas en la Calle (1973), "lo que impide comparar los daños o actos vandálicos que se producen en el mismo con ningún otro parque del resto de Tenerife".

El acuerdo de renovación de la Delegación de Gobierno ha ponderado en su decisión el informe estadístico del número de infracciones correspondientes al año 2017, elaborado por la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que reflejan que "desde la puesta en marcha de la videovigilancia se han reducido el número de intervenciones por parte del área de Servicios Públicos destinadas a limpiar o reponer elementos que conforman el patrimonio del parque".

González señaló que "el uso de la videovigilancia en espacios públicos es siempre una cuestión compleja que debe aunar los fines de seguridad que se persiguen con el debido cuidado de derechos fundamentales recogidos en la Constitución".

Como recoge la Ley Orgánica de 1997, que regula la utilización de videocámaras en lugares públicos, éstas tienen como misión principal "grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionadas con la seguridad".

La resolución fija, por último, que la prórroga en la utilización de videocámaras por parte del ayuntamiento se realizará en las mismas condiciones y con los mismos requisitos y limitaciones que constan en la autorización inicial, dictada en 2017. El plazo de un año deberá computarse a partir del día siguiente al de expiración de la vigencia inicial y finalizará por tanto el día 22 de diciembre de 2019.