El Consejo General del Trabajo Social negó ayer que la aplicación del decreto ley que estipula que se podrá acreditar la condición de víctima de violencia machista sin necesidad de sentencia firme suponga una extralimitación o una injerencia de los trabajadores sociales en la labor judicial.
El Gobierno aprobó el pasado 3 de agosto un decreto que establece que las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica, como necesitaban hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades además de la sentencia firme para acreditar su condición de maltratada.
Los profesionales niegan que vayan a interferir en las competencias de los jueces
Las asociaciones judiciales consideran que ese decreto supone una intromisión en sus funciones, pues creen que deja en manos de la Administración lo que es competencia de un juez.
A juicio del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), esas previsiones son "injustificadas" y la aplicación del decreto mejorará la prevención y la atención a las víctimas.
Los trabajadores sociales recordaron en un comunicado que el decreto les atribuye la acreditación de la situación de violencia de género a efectos de medidas sociales y de protección para acceder a derechos y recursos en los casos en que no media denuncia.
"Los profesionales de Trabajo Social tienen las competencias necesarias como profesión integrada en todos los servicios de prevención, detección y atención. Tenemos plena capacidad, cualificación y experiencia para emitir informes que acrediten si una mujer está siendo víctima de violencia de género", subrayaron.
"Los servicios sociales son uno de los primeros sistemas a los que una mujer acude en busca de ayuda".