El diputado del común, Rafael Yanes, se reunió esta semana con los ediles de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) que le han pedido amparo por la presunta vulneración del derecho al libre ejercicio del cargo público de sus concejales por parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz (PP-CC), con el argumento de que desatiende sistemáticamente sus solicitudes de acceso a los expedientes municipales.
El portavoz de la ACP, David Hernández, ha señalado que "a lo largo de este mandato, alrededor de una veintena de peticiones de información de su grupo sobre asuntos municipales no han sido atendidas, y en los casos en que sí lo han sido la contestación ha llegado con mucho retraso".
"Esto supone", sostiene, "una flagrante vulneración de la Ley de Municipios de Canarias, que en su artículo 25 establece que, para los miembros de los ayuntamientos, las solicitudes de información deberán resolverse en un plazo no superior a cinco días naturales a contar desde su presentación".
Asamblea Ciudadana Portuense sostiene que no tiene intención de judicializar este asunto, sino de "solicitar la intervención del diputado del común para que acabe con este abuso por parte de la administración local".
Sin embargo, desde la formación asamblearia recuerdan que, según el citado artículo de la Ley de Municipios de Canarias, el incumplimiento del deber de aportar la información en el plazo señalado "acarreará responsabilidad disciplinaria por obstrucción al derecho constitucional del libre ejercicio del cargo público".
ACP alega una "total indefensión ante la administración pública local en cuanto al acceso a la información y, especialmente, a la referida a la acción del grupo de gobierno". Y considera que "la actitud de PP-CC responde a una estrategia para obstaculizar las labores de fiscalización y oposición".