Representantes de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) trasladaron a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, las principales demandas de los empresarios turísticos, entre ellas la unificación de la interpretación de la Ley de Costas y la regulación de las actividades de interés general que se desarrollan en el litoral.
En reuniones celebradas en Cdtca (Adeje) participaron, por Ashotel, su vicepresidente Enrique Talg y su gerente, Juan Pablo González; por el CEST asistieron su presidente, Roberto Ucelay; el vicepresidente, Joaquín Gómez; el secretario, Javier Cabrera Amador; y los vocales José Fernando Cabrera y Marcos Herzog.
Desde Ashotel, Juan Pablo González trasladó a la ministra la preocupación generada por la falta de inversión y de sensibilidad con importantes proyectos vinculados a Costas que no terminan de salir adelante, por ausencia de financiación y por la falta de decisión. Entre esos proyectos están las playas de Martiánez (Puerto de la Cruz), Los Tarajales (Arona) y Valleseco (Santa Cruz de Tenerife).
Ashotel entiende que la inversión de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en esta provincia ha sido muy reducida en los últimos años. Solo en la playa de Santa Cruz de La Palma en los últimos dos años.
Con la ministra también abordaron la necesidad de crear un fondo para infraestructuras y actuaciones en las costas de Canarias, de forma similar al que se puso en marcha durante la Presidencia de Rodríguez Zapatero por un importe de 50 millones de euros anuales y que fue suspendido en 2012, con el Gobierno del PP.
Ashotel y el CEST consideran que, dado el peso del turismo en la economía canaria y la importancia de la costa en la actividad turística, "no es de recibo tener que esperar años para la ejecución de proyectos que llevan mucho tiempo redactados".
Roberto Ucelay demandó la renovación de infraestructuras públicas, como la del paseo litoral desde la playa del Callao, en Los Cristianos (Arona), hasta la de La Enramada (Adeje), el paseo litoral de Las Galletas y el de la playa de Los Tarajales (Arona), entre otras.
Ucelay trasladó a la ministra la necesidad de que el Estado autorice la tramitación de yacimientos de arena natural marina para playas con necesidad de regeneración, actuales y futuras, demandando para el sector turístico "mayor agilidad administrativa en las renovaciones de servicios de temporada para empresas con concesiones a largo plazo (25-30 años), así como a emprendedores".
El alquiler vacacional estuvo en la agenda de la reunión. Los empresarios trasladaron a la ministra Reyes Maroto la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal, en lo que respecta a su aplicación vinculada a esta materia. Consideran que las divergencias surgidas en el seno de las comunidades de propietarios, en relación con la aprobación o no de la actividad de vivienda vacacional, "se encuentra con un resquicio jurídico", ya que la citada norma "permite actualmente que un solo propietario pueda bloquear la decisión de una comunidad, partidaria de prohibir el desarrollo del alquiler vacacional". El cambio en la legislación tiene por objetivo "representar la voluntad de una mayoría cualificada y no la de un propietario".
La regulación de la modalidad turística de tiempo compartido ("time sharing"), a raíz de una sentencia de 2015 del Tribunal Supremo, fue otro de los asuntos abordados en el encuentro. Para Ashotel y CEST, el problema reside en que en 2012 el Gobierno español aprobó una adaptación de la directiva europea de 2011 que regula esta modalidad turística, recogida inicialmente en la ley española 4/1998. Esa adaptación de 2012 planteaba un nuevo escenario de contratos hasta 50 años de duración, pero daba la opción al comprador de adaptarse a esa nueva norma o seguir con la anterior. Sin embargo, la citada sentencia de 2015 realizó una interpretación restrictiva y declaró nulos los contratos que no se hubieran adaptado al tope de los 50 años. El resultado ha sido "una avalancha de demandas de muchos compradores británicos, principalmente", en las que reclaman que se les devuelva una parte del importe abonado, menos el periodo disfrutado, "lo que está abocando a muchas empresas a una situación límite".
Los empresarios recuerdan que existen numerosos documentos de instituciones públicas y expertos juristas que afirman que esa interpretación restrictiva del TS "puede suponer un duro golpe al sector, que ya mantenía unos niveles elevados de protección y garantía al consumidor".