El Gobierno de Canarias cifra en unas 15.000 las solicitudes presentadas en su convocatoria de ayudas al alquiler de este año, que califica de "éxito" pese a que se hiciera en agosto y con un plazo de solo quince días, generando críticas de todos los partidos de la oposición.

El volumen de peticiones recibidas, que asciende por ahora a 10.649 porque solo se han contabilizado las presentadas directamente en el Instituto Canario de Vivienda pero se espera que aumente hasta rondar 15.000 una vez se tramiten otras formalizadas a través de cabildos o ayuntamientos y que deberán remitirse al Ejecutivo, justifica el balance positivo de la iniciativa, ha afirmado el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil.

En una rueda de prensa organizada para evaluar el desarrollo de esa convocatoria, Candil ha recalcado la "buena acogida" que ha tenido entre el público, que constata el hecho de que se prevé que el recuento final de las solicitudes duplique al menos la cifra de las registradas el año pasado, que fueron unas 7.000.

Esa respuesta demuestra que "la convocatoria ha llegado a los ciudadanos", ya que son "datos reales y objetivos" que rebaten las críticas de los partidos opositores a Coalición Canaria, que gobierna en el archipiélago, sobre que la circunstancia de sacarla en agosto impediría que muchos potenciales beneficiarios de las ayudas accedieran a ellas, ha dicho la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León.

"Todas esas declaraciones caen por su propio peso" a la vista de los resultados expuestos, ha afirmado Pino de León, que ha sostenido que el responsable de que el proceso se ha llevado a cabo en esas fechas del verano ha sido el Gobierno central, ya que las ayudas se conceden en virtud de un convenio suscrito con este que "se firmó el 30 de julio", impidiendo que se hiciera antes.

"No es algo que hayamos decidido nosotros como Gobierno", ha subrayado la directora del Instituto de Vivienda, que ha reconocido que agosto "no es el mes ideal" para hacer algo así pero ha reiterado que a su Ejecutivo le ha venido impuesto.

Prueba de ello es que "otras comunidades también lo han hecho en agosto por eso mismo", ha apostillado.

En la misma línea ha respondido a las críticas Francisco Candil, que ha declarado: "ninguno de nosotros eligió el mes de agosto", sino que "lo cierto es que los acontecimientos nos llevaron a hacerlo así", a pesar de entender que "es verdad que agosto no es, probablemente, el mejor mes".

El viceconsejero ha rechazado, además, las acusaciones de que quienes pretendían solicitar esas ayudas tuvieron que soportar colas considerables y afrontar otros obstáculos para lograr su objetivo, asegurando que "las colas eran perfectamente gestionables" y "nadie se fue sin ser convenientemente atendido".

Por todo lo expuesto, Candil ha repetido sus opiniones favorables sobre la iniciativa y ha matizado que no solo el desarrollo del proceso de admisión de solicitudes las justifica, sino también la cuantía del dinero que ha asignado para su financiación la comunidad canaria, que ha crecido con el Gobierno actual.

Ya que la crisis económica determinó que en 2015 se destinaran a las ayudas al alquiler solo 2,3 millones de euros y que en 2016 ni siquiera se convocaran, pero el Ejecutivo apostó por retomarlas en 2017 dotándolas además de 5 millones de euros, el doble que dos años atrás, y en 2018 ha vuelto a incrementar su partida, que supera los 8 millones de euros.

"Creo que son cifras muy contundentes" y que ratifican el compromiso que existe con las personas necesitadas de las islas, ha sentenciado.

Pino de León ha recordado, así mismo, que esta no es la única línea de acción del Gobierno de Canarias encaminada a solventar los problemas de falta de vivienda de los ciudadanos, ya que existen otras destinadas a auxiliar a gente sin hogar en situación de exclusión social o a facilitar al acceso a una casa a otros colectivos con circunstancias vitales diferenciadas.

Las ahora convocadas, sin embargo, pretenden permitir garantizarse un techo a familias que, si bien tienen una vida normalizada e ingresos que les permiten costear otros gastos, carecen de fondos suficientes para pagar el alquiler de su vivienda, ha especificado.

Y ha explicado que sus beneficiarios podrán percibir hasta el 40 % del coste de sus alquileres, que aumenta hasta el 50 % en el caso de peticionarios de menos de 35 o más de 65 años.

Preguntada por cuándo podrá hacerse efectiva la concesión de esas subvenciones, la directora del Instituto de Vivienda, no obstante, ha dicho no poder hablar de fechas concretas, debido a que aún restan varios trámites que completar, conforme a lo establecido en la Ley, incluidos los plazos de revisión de las documentaciones presentadas y de alegaciones de los solicitantes que pudieran ser inicialmente rechazados.

Desde ese planteamiento, Pino de León ha admitido no poder adelantar un plazo definido, aunque ha asegurado que el Gobierno "va a poner todo lo que sea necesario para que las ayudas lleguen lo antes posible" a sus destinatarios.