La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife rechazó la petición del promotor inmobiliario José Luis B. D. L. de compensar con 405 días de trabajos sociales los 367.000 euros entregados por 17 clientes como adelanto para adquirir una vivienda. El empresario fue condenado a siete años de cárcel por estafa y alzamiento de bienes y a devolver el dinero apropiado más intereses.

El acusado estaba al frente de una constructora con sede en La Laguna que acumulaba cuantiosas deudas, pese a lo cual creó la apariencia de solvencia para edificar 29 casas. La Audiencia Provincial, primero, y el Tribunal Supremo en 2017, consideraron que desde un principio el imputado sabía que no iba a poder ejecutar las viviendas y que su intención era quedarse con el dinero de los compradores.

Después de que la sentencia fuera firme, su abogado pidió a la Audiencia que se permitiera a su defendido compensar estas deudas con trabajos sociales. El letrado indica que el empresario no puede hacer frente a los pagos porque carece de ingresos y recuerda que se llegó a declarar insolvente.

La Sala dice que el procesado no ha hecho ningún esfuerzo para reparar el daño "a los numerosos perjudicados, a los que causó un enorme quebranto". Y se aseguró de que no pudieran conseguir resarcimiento, ya que sacó de su patrimonio el único bien con el que podrían haber obtenido cierta satisfacción". Por este hecho fue condenado por alzamiento de bienes.

El promotor entró en prisión en abril de 2017, por lo que tampoco está justificada sustituir la responsabilidad personal por trabajos, dado que esta medida está orientada a evitar la cárcel.