"Hay necesidades. Y no tenía mucho sentido teniendo recursos, que estamos remunerando, que no se les diera uso". Así justifica el concejal de Hacienda y Recursos Humanos de Santa Cruz, Juan José Martínez, la incorporación de ocho de los 23 exempleados de la extinta recaudación voluntaria al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y a las unidades de trabajo social (UTS).

Como se recordará, un fallo de la Sala de lo Social del TSJC, con fecha de julio de 2016 y recurrido por el ayuntamiento, obligaba a la Corporación capitalina a convertir a estos trabajadores, que pertenecían a la empresa Félix Marrero, en personal laboral adscrito al consistorio.

Estos ocho empleados se sumarán a otros diez que, desde hace meses, ya desempeñan su labor en las oficinas de atención al ciudadano y en la Oficina Municipal del Consumidor (OMIC), siempre en funciones que no están reservadas al ejercicio de un funcionario público.

"Eso nos ha permitido rebajar tiempos de espera medios en las oficinas. Se ha notado", reconoce el edil de Recursos Humanos.

Martínez explica que los perfiles profesionales por los que estaban contratados algunos de estos trabajadores en la empresa de recaudación voluntaria no se corresponden con equivalentes en la administración pública, lo que ha dificultado su recolocación en el organigrama municipal.

Sin embargo, aclara, hay otros que sí tenían esa posibilidad, como auxiliares administrativos u oficiales administrativos.

Precisamente, ese el perfil de los empleados que se incorporarán a la sede del IMAS y a las UTS, "con lo que esperamos aliviar el trabajo administrativo". "Va a ser un impacto importante sobre la mejora de la atención", añade.

El concejal confía en que estos ocho trabajadores se incorporen a su nueva tarea "antes de un mes", una vez que se complete su formación en los requerimientos que tiene el propio IMAS -sobre todo en los programas informáticos que se utilizan-. Los otros diez que ya están trabajando también superaron un periodo de formación similar.

Mientras, los cinco empleados que aún restan por ubicar en la administración, pero que cobran un sueldo municipal, siguen a expensas de que se les pueda reubicar en el consistorio, aunque siempre en función del resultado del recurso presentado por el ayuntamiento a la sentencia de julio de 2016.

Cabe detallar que el Ayuntamiento de Santa Cruz abonó el pasado mes de marzo la parte que restaba de los salarios de tramitación a los exempleados de la empresa de recaudación voluntaria Félix Marrero, despedidos en 2014, pero a los que la Justicia obligó a readmitir un tiempo después.