La Mesa de Contratación acordó anteayer declarar desierto el procedimiento de licitación para la concesión de obra pública de la piscina municipal cubierta de Candelaria. Previamente, el mismo órgano excluyó del proceso la oferta presentada por la empresa Syocsa-Inarsa SA, que había quedado en segundo lugar cuando fue adjudicada la realización y explotación de este complejo a la UTE Centro Deportivo Candelaria.

A esta situación se llega después de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) retrotrajera el procedimiento al momento de la adjudicación (30 de diciembre de 2015) a la referida UTE, cuando, el pasado 26 de abril, inadmitió a trámite el recurso de la Unión Temporal de Empresas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del 30 de octubre de 2017. En la misma fue anulada tal adjudicación, retrotrayendo las actuaciones al momento de la adjudicación, excluyendo del concurso a la empresa ganadora y dejando en manos del Ayuntamiento de Candelaria la decisión de adjudicar la obra a otra de las empresas concurrentes que cumpla el pliego de condiciones o convocar otro procedimiento.

El Pleno de Candelaria acordó (27 de junio de 2018) devolver 358.011 euros depositados como aval a la UTE Centro Deportivo Candelaria y retirar el cartel anunciador de la construcción de la piscina municipal de la Villa Mariana. Aplicando la referida sentencia, el pleno también deja en manos de la Mesa de Contratación la valoración de la propuesta presentada por Syocsa-Inarsa, la otra empresa que concursó y que denunció, o declarar desierto el concurso.

Anteayer, la Mesa de Contratación optó por declarar desierto el concurso porque, "según el informe técnico del Comité Técnico", emitido el 31 de agosto pasado, el proyecto de Syoca ahora "incumple el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares".

Este aspecto fue debatido durante el pleno de junio advirtiendo los grupos de la oposición la existencia de "cierta incongruencia" en plantear el posible incumplimiento de las bases del concurso por parte de un proyecto "que ya fue valorado quedando en segundo lugar".

En la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Públicos se expuso que el Comité Técnico detectó el incumplimiento de una decena de puntos cuatro años después de haber realizado la primera evaluación, con resultado satisfactorio.