Hay mujeres canarias que han trabajado solo en el campo o en buena parte de sus vidas, bien de agricultoras, ganaderas o ambas cosas a la vez. Mujeres que aún no saben que una ley estatal de 2011 les reconoce derechos antes vetados y que se traducen, entre otras cosas, en pensiones de la Seguridad Social, pagas por viudedad y otras contribuciones. De hecho, solo tres, según los datos regionales que se manejan, han reclamado acogerse a esa normativa desde entonces, una cifra ridícula para el peso que siempre ha tenido el colectivo femenino en explotaciones agroganaderas del Archipiélago, en su mayoría familiares y de pequeña extensión.
No obstante, son muchas más las mujeres canarias y españolas que no solo desconocen esa ley, sino que, teniendo una vida sociolaboral íntimamente ligada al sector primario desde siempre, aún no tienen reconocidos esos derechos por las carencias y limitaciones de la norma, lo que ha arrojado hasta ahora datos muy escasos de beneficiarias en el Estado.
Por ambos motivos, la comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias aprobó el pasado viernes una Proposición No de Ley (PNL) de Podemos que, tras aceptarle una enmienda de CC, no solo pretende instar al Estado a que modifique esa norma de la etapa de Zapatero para que la cifra de beneficiarias sea mucho más acorde a la realidad del campo, sino para que, desde las instituciones isleñas, con especial énfasis desde la consejería de Agricultura, se haga una difusión máxima de la norma en el campo canario y entre los técnicos para aprovecharla de verdad.
El diputado de Podemos Francisco Déniz fue felicitado por todos los grupos por su PNL. De hecho, se la respaldaron por unanimidad y se traducirá pronto en una medida calcada en el pleno. Según remarcó, la ley fue un gran avance para visibilizar y reconocer a las mujeres que, pese a dedicar casi toda su vida a las labores agrícolas y ganaderas, o hacerlo durante muchas horas semanales, nunca se les reconoció legalmente sus derechos del trabajo, sociales y demás, por ejemplo en forma de pensiones. No obstante, lamenta también sus muchas limitaciones, su escasa difusión y hasta el desconocimiento que tienen de ella hasta los técnicos de la consejería. De ahí que solo se hayan acogido 3 canarias y muy pocas también en todo el país, cuando, según sus cálculos, podrían beneficiarse hasta 30.000.
Aunque los argumentos de Déniz fueron diversos y convincentes, la diputada de CC Guadalupe González Taño, la única que presentó enmiendas, demostró prepararse a fondo la PNL. Tras felicitar al profesor de la ULL por su propuesta, detalló los datos estatales y explicó por qué cree que se han dado tan pocos casos: por la dificultad para cumplir los requisitos. Según dijo, hay estudios que elevan esas 30.000 potenciales beneficiarios a entre 100.000 y 300.000 en toda España.
Hasta ahora, 5 comunidades no han registrado ninguna reclamación, mientras que en Murcia se ha dado una, cuatro en Asturias, tres en Extremadura, siete en Valencia, seis en Cataluña, tres en Navarra y 99 en Castilla y León, si bien le gustaría saber sobre qué potencial en esta última región.
A su juicio, lo lógico en Canarias es que ya hubiese entre 50 y 100 beneficiarias, aunque su bajo número lo explica porque se exige que los dos miembros de los matrimonios con una explotación estén dados de alta en la Seguridad Social, algo muy inhabitual en las Islas por el pequeño tamaño de las fincas y granjas. Además, hay que ejercer la actividad de forma directa y personal, es decir, profesionalmente, cuando la mayoría lo hace a tiempo parcial.
Otro obstáculo clave es que se fijó en 2011 un tope máximo de 54 años para acceder a la bonificación de la seguridad social del 30%, cuando la mayoría de mujeres isleñas en este ámbito tienen una media de 70 años, aparte de no hay beneficios fiscales en renta. Por eso, y aparte de una necesaria difusión regional, cree más importante modificar la ley en el Congreso.
Aunque apoyaron con entusiasmo la PNL y las enmiendas, Cristina Tavío (PP) y Ventura del Carmen Rodríguez (PSOE) se enzarzaron en un debate sobre los méritos de la autoría de la ley, que la popular vincula a su partido y la socialista, al Gobierno de Zapatero.
Mucho más factible en la ganadería, según Taño
Taño no solo demostró dominar este ámbito por los datos estatales y las limitaciones de la ley, sino, sobre todo, por las características de las canarias que podrían acogerse a la norma. De hecho, y según las charlas y análisis realizados en Canarias, se cree que, o se cambia la norma y se flexibilizan los requisitos, o no habrá posibilidad de beneficiar, por ejemplo, a herreñas o gomeras porque no hay casos de dos altas en la Seguridad Social. Es más, remarcó que, ahora, no hay ni un agricultor profesional en La Gomera. Donde hay más opciones de que, con buena difusión, haya beneficiarias es en La Palma, Tenerife y Lanzarote, aunque, sobre todo, en Fuerteventura porque las condiciones se cumplen más en mujeres que, con sus maridos, se dedican a la ganadería en exclusiva. Una situación que también se da en Gran Canaria y que, a su juicio, podría elevar esas 3 beneficiarias a entre 50 o un centenar. Según recordó, y porque lo vivió de pequeña con sus abuelos, se ha ido perdiendo la tradición de que el agricultor "sellaba" también lo relativo a la labor de su mujer para tuviera pensión.