La Asociación Canaria de Neuropsiquiatría (ACN) ha pedido al Gobierno de Canarias que no de su apoyo al protocolo adicional al convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, porque asegura que estigmatiza a las personas que sufren trastorno mental.

El citado protocolo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamiento involuntarios ha sido elaborado por el comité de bioética del Consejo de Europa.

En una carta dirigida al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría asegura que el protocolo adicional está en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La redacción del protocolo adicional está en su etapa final, y, según la ACN, han mostrado su oposición al mismo tanto el comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como los Relatores Especiales de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, entre otras organizaciones.

En la carta, que ha sido enviada al resto de consejerías de sanidad de España, se señala que la adopción del protocolo adicional permitiría que los estados desarrollaran normativas que entrarían en contradicción con la Convención de Naciones Unidad.

Lo anterior, añade la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, supondría que la normativa europea entraría en conflicto con la internacional, y, además, obstaculizaría las reformas legislativas, en lugar de contribuir a cambios positivos más garantistas en derechos humanos.

Asegura esta asociación que aprobar el protocolo adicional serviría para consolidar normativas que han dado lugar a la estigmatización, mediante la detención y tratamientos involuntarios de las personas con discapacidades psicosociales en toda Europa.

En esta asociación se considera que la mejor manera de proteger los derechos de las personas con discapacidades psicosociales, respecto al uso de medidas involuntarias en psiquiatría, es evitar el uso de tales medidas, garantizando en su lugar el acceso a servicios de apoyo.

Por ello piden que Canarias no apoye el proyecto de protocolo adicional, y que se una organizaciones del sector de toda Europa invitando al Consejo de Europa a trabajar para lograr mejores prácticas que den apoyo a las personas en la comunidad, que respeten la voluntad y las preferencias de las personas, y se basen en la libertad y consentimiento informado de las personas con problemas de salud mental.