Los grupos en el Parlamento de Canarias comprobaron ayer que, si bien mantienen algunas diferencias sobre la letra pequeña y algunos números, todo va a encaminado a que, en lo que queda de año, incluso antes de diciembre, el pleno de la Cámara apruebe una nueva ley con la que se pretende incrementar y potenciar más las ayudas a la adquisición, transmisión y alquiler de viviendas. La primera ponencia de la propuesta de ley se celebró en la mañana de ayer con algunos puntos divergentes, especialmente entre el PSOE y CC, aunque la conclusión general de buena parte de los portavoces intervinientes es que no habrá excesivos problemas para alcanzar un acuerdo de mínimos y que la ley salga, a ser posible, por unanimidad.

A puerta cerrada y con la intención de volverse a ver el próximo 8 de octubre, la cita sirvió, sobre todo, para esbozar las líneas generales y tratar de que la compra, alquileres o transmisiones de casas desde esta nueva norma sean más accesibles y beneficien adecuadamente a los colectivos más desfavorecidos, al tiempo que se intenta atajar fenómenos como el creciente aumento de los precios de alquiler o los problemas de vivienda en ciertas islas, como Lanzarote y Fuerteventura.

El gran obstáculo, sobre todo a falta de informes más detallados de lo que implicarán las distintas medidas contempladas para reducir los impuestos y aumentar o crear otras ayudas, consiste en que la ley no implique una merma intolerable o muy sensible en los ingresos públicos.

Con este parámetro en mente, el grupo más reticente a algunas reducciones o bonificaciones elevadas fue ayer CC, si bien el PP, que suele apostar siempre por las mayores rebajas impositivas posibles, prefiere la cautela y el equilibrio en este caso. Así lo trasladaron a EL DÍA la nacionalista Elena Luis y el popular José Estallella, aunque la lectura de Iñaki Lavandera (PSOE) es bastante diferente.

Luis considera que algunas propuestas de los grupos, sobre todo de la izquierda, obedecen a que no gobiernan y las lanzan desde la oposición. Por eso, remarcó ayer que prefieren disponer de muchos más datos sobre el impacto de algunas propuestas, informe que se le pedirá a Hacienda y que se intentará llevar a la próxima reunión.

La principal discrepancia, al menos por lo esbozado ayer, radica en la propuesta del PSOE de rebajar el impuesto de transmisiones relativo a la vivienda habitual del 6% actual a un 3. Lavandera considera que se trata de una medida necesaria e idónea en las circunstancias vigentes y que, si bien tendrá un impacto en los ingresos, lo considera justificado si se atiende a otras rebajas fiscales, como la de los móviles sin distinguir las rentas y salarios, que se desgrave por tener partos en clínicas privadas o por el 99% de la exención del impuesto de sucesiones sin distinguir niveles de renta y riqueza, aunque esta rebaja la apoyó el PSOE en su día "por formar parte del pacto de gobierno".

Lavandera confía en que, al final, haya acuerdo y se limen algunas diferencias, si bien lamenta que los 20 millones de euros que se apuntaron en su día como posible impacto de las rebajas ayer ya no se diesen por buenos y deba esperarse por nuevos cálculos.

Otro aspecto a delimitar bien son las ayudas a las familias monoparentales, sobre todo a la hora de definirlas bien, aunque hay mucha mayor sintonía respecto a las reducciones y bonificaciones a menores de 35 años, familias numerosas, parados y otros colectivos desfavorecidos.

Estalella cree que el punto de partida de ayer fue óptimo para avanzar y espera que, antes de diciembre, la ley se apruebe con amplio consenso. Manuel Marrero (Podemos) es también optimista y considera que no es el momento aún de concretar los porcentajes y otros detalles, sino de concebir la nueva norma como una herramienta para hacer, de verdad, más accesible la vivienda.