La Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife conoció este lunes un informe-propuesta elaborado por el área social que fundamenta la urgencia de proceder a la adquisición por parte del Ayuntamiento de viviendas asequibles para atender la demanda real de las familias con menor poder adquisitivo del municipio, dado que es "prácticamente imposible" lograr pisos en alquiler.

El informe, que fue debatido en primera instancia antes de elevarlo a aprobación definitiva por parte de la Junta, describe de forma pormenorizada la extrema dificultad que atraviesan las familias con menos recursos a la hora de encontrar una vivienda en régimen de alquiler en el mercado inmobiliario de la capital, debido, entre otras razones, al encarecimiento de los precios que se ha registrado en los últimos años.

El alcalde de Santa Cruz de tenerife, José Manuel Bermúdez, manifestó tras conocer el informe que "la situación requiere una respuesta urgente e inmediata de las administraciones públicas con competencia en materia de Vivienda y Santa Cruz no se va a quedar de brazos cruzados, al contrario".

"Nuestro compromiso en materializar cuanto antes el objetivo de adquirir viviendas que podamos ofrecer a este segmento de la demanda con unos alquileres de carácter social, no prohibitivos como ocurre hoy", explicó.

Bermúdez reconoció que a pesar de que el Ayuntamiento no ha parado de ampliar en los últimos años los recursos alojativos y las ayudas a la vivienda, "lo cierto es que esta oferta pública municipal no alcanza para atender la demanda de vivienda social".

CALLEJÓN SIN SALIDA

El concejal de Atención Social y responsable del informe, Óscar García, confirmó que "desde 2016 las dificultades no han dejado de aumentar y, de hecho, a día de hoy es prácticamente imposible encontrar una vivienda de alquiler disponible para familias en situación de vulnerabilidad".

Óscar García señaló que entre las hándicaps más comunes se encuentran la escasez de pisos de alquiler en el mercado inmobiliario, el precio "inasumible" del alquiler (por encima de 450 euros al mes) y el requerimiento de garantías (fianza de varios meses, avales, o una e incluso dos nóminas estables.

"Si a ese incremento en las exigencias, económicas, jurídicas y laborales, le unimos que muchas veces la propiedad de la vivienda se niega a alquilar a personas y a familias que están recibiendo ayudas económicas de los servicios sociales, nos encontramos en un callejón sin salida", argumentó.

Como señala el informe, "en el mes de mayo de 2018 solo aparecían en las páginas de las inmobiliarias de la ciudad 4 pisos en alquiler que eran susceptibles de poder ser alquilados por familias con bajos recursos económicos que podrían tener el apoyo de los Servicios Sociales Municipales, y el resultado final de la gestión fue encontrarnos con que, según indicaban las inmobiliarias, todos los pisos estaban ya alquilados".

A PLENO RENDIMIENTO

Óscar García indicó que mientras tanto la oferta municipal de recursos alojativos y de ayudas al alquiler no ha dejado de crecer exponencialmente desde el año 2011.

Desde 2011 hasta 2017, las atenciones de los servicios sociales han pasado de 22.000 a 64.000 aproximadamente, con una incorporación anual de unos 6.000 usuarios a la red social del Ayuntamiento.

En el capítulo de prestaciones económicas de naturaleza social, en 2011 se gestionaban menos de 4.000 y hoy superen las 25.000, lo que se traduce en que entonces se invertían 1,2 millones de euros y hoy se destinan a este política de ayuda directa cerca de 6 millones de euros.

"Sólo en lo referido a las prestaciones destinadas a vivienda, hemos multiplicado su cuantía por ocho. En 2011, 384 ayudas; en 2017, cerca de 3.000", comentó.

En cuanto a los recursos alojativos, el concejal explicó que prácticamente hay un 100% de ocupación en los cerca de 100 pisos sociales que ofrecen en régimen de convenio o acuerdo con otras entidades privadas. "Trabajamos a pleno rendimiento, sin apenas margen", confesó.