La comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias ha aprobado hoy el dictamen de la proposición de ley por la cual se pide al Gobierno regional que se cree un registro víctimas canarias de la Guerra Civil.

La proposición de ley, que tendrá que debatirse en un próximo pleno del Parlamento para su entrada en vigor, recoge que el registro tendrá carácter público e incorporará los datos aportados por las víctimas y sus familiares, las instituciones públicas, los organismos privados y los estudios académicos realizados.

La ley, denominada de Memoria histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, tiene como objeto regular diversas medidas para recuperar la memoria histórica en relación con las víctimas canarias de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Todo ello con el objeto de lograr su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar.

Asimismo, prevé la creación de un banco de ADN humano para la identificación de las personas desaparecidas en Canarias durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Este banco dependerá del órgano al que están adscritos los institutos de medicina legal creados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, exige la retirada de simbología franquista como escudos, insignias, placas, nombres de calles y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la rebelión militar, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

No obstante, precisa, las menciones de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por ley, quedan exceptuadas de la retirada.

La proposición de ley prevé, en el plazo máximo de dos años, que se anulen todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con hechos y prácticas represivas realizadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Además, la proposición de ley defiende la creación de un mapa público de fosas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el que constarán los terrenos en los que se localicen los restos de personas desaparecidas.

En relación con las exhumaciones, reclama que la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de memoria histórica apruebe, previo informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, un protocolo de exhumaciones, identificación, conservación y reparación moral de restos de personas desaparecidas.

Pide que los gastos que se originen como consecuencia de la localización, exhumación, identificación y traslado de los restos serán financiados por las administraciones públicas canarias, de acuerdo con sus respectivas disponibilidades presupuestarias.

En caso de que no sea viable la intervención de una fosa, por razones técnicas o jurídicas debidamente acreditadas, el Gobierno de Canarias, en colaboración con las administraciones públicas competentes, adoptará las medidas necesarias para su preservación y conservación, tales como, entre otras posibles, señalizar su localización y su perímetro.

El grupo Podemos ha presentado 41 de las 70 enmiendas a la proposición de ley, todas ellas rechazadas, lo que, a juicio del diputado de Podemos Manuel Marrero evidencia la imposibilidad de aprobar esta ley por unanimidad.

Manuel Marrero, en declaraciones a Efe, ha criticado que el resto de partidos haya pasado "el rodillo" a propuestas trabajadas y preparadas por Podemos para mejorar la proposición de ley.

Según el diputado de Podemos, las asociaciones de víctimas con las que se ha reunido le han trasladado que la propuesta de ley es "un brindis al sol", pues, por ejemplo, los niños robados por el franquismo quedan fuera de ella.

Por ello, ha anunciado que presentará una propuesta de ley sobre este asunto específico en Canarias.

Marrero ha lamentado que el resto de partidos se hayan negado a crear un Instituto Canario de Memoria Histórica y que el texto no incluya un régimen sancionador a los que incumplen con la memoria histórica, por ejemplo, a los ayuntamientos que mantienen placas franquistas.

Podemos también pedía en sus enmiendas rechazadas que la ley fuera integral de memoria histórica, que en la exposición de motivos se hablara en concreto de Canarias y que se impulsaran medidas de carácter educativo.

Por último, Marrero ha reprochado que la proposición de ley no se dote de financiación suficiente para garantizar su cumplimiento y solo quede en "una mera declaración de buenas intenciones".