La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha reafirmado el compromiso del Gobierno y de su ministerio en subir las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) real, y ha dicho que es "inquebrantable".

La ministra, que este miércoles ha comparecido en la Comisión de Trabajo del Senado para explicar las líneas de su departamento, ha respaldado el acuerdo "satisfactorio" del Pacto de Toledo en torno a la recomendación segunda que vincula la revalorización de la pensión a la inflación, al tiempo que también ha abogado por adoptar más medidas como un destope gradual de la base máxima de cotización.

Valerio ha incidido en la importancia de los acuerdos que salgan del Pacto de Toledo y de la Mesa de la Seguridad Social y del Empleo en el marco del Diálogo Social, y ha señalado que se trata de garantizar la sostenibilidad social para que la pensión sea digna, la sostenibilidad financiera del sistema para que sea suficiente y la sostenibilidad jurídica y política.

Ha explicado algunas medidas para aumentar los ingresos a la Seguridad Social y sanear su déficit en cinco años, del 2019 al 2023, con el fin de reorientar el "trasatlántico" que representa su ministerio.

"Hay que reordenar gastos e ingresos", ha afirmado, tras avanzar que la financiación del sistema vía presupuestos o con un tributo especial destinado a pagar pensiones está sobre la mesa.

Ha incidido en que la separación de fuentes es fundamental, como pagar reducciones de cuota y tarifas planas a cargo de los Presupuestos y no con las cotizaciones, y se ha referido a otras medidas para hacer crecer las bases o para crear un convenio especial para aquellas personas que han llegado a una edad adulta con importantes carencias en la cotización, consecuencia de la crisis.

Valerio ha insistido en que el compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo "es inquebrantable", y ha estado acompañada por los secretarios de Estado de Empleo y de Migración, aunque con la ausencia del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Precisamente, la ministra ha desconocido que Granado dejara entrever ayer la elaboración de una nueva fórmula o el impuesto a la renta personal (IRP) de actualización ligada al IPC.

"IPC real y si hay desvío con el IPC previsto habrá una paga compensatoria para pagar esa diferencia. Esa es la voluntad y no me consta que el secretario de Estado haya utilizado ninguna otra variable", ha recalcado.

También ha negado que haya discrepancias con la titular de Economía, Nadia Calviño, en torno a esta revalorización, y ha puntualizado que cuando la ministra se refería a otros parámetros no hablaba de la actualización de la pensión sino de nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema y su financiación.

Calviño dijo que "en materia de pensiones no puede atenderse a un único parámetro, como su actualización conforme al IPC, sino que debe analizarse su sostenibilidad teniendo en cuenta toda una serie de variables".

"Vamos a intentar que haya acuerdo para las cuestiones de pensiones y Seguridad Social tanto en el Pacto de Toledo como en la mesa de diálogo social", ha insistido Valerio, aunque ha añadido que "cuando veamos que hay algo de extraordinaria y urgente necesidad no se preocupe, que lo aprobaremos con decreto Ley".

Por otra parte, entre los ejes de actuación, el Ministerio quiere permitir la distribución regular o previsible de la jornada de trabajo, un registro horario y acabar con las horas extra fraudulentas.

Busca equilibrar la flexibilidad que demandan las empresas con el derecho de los trabajadores a conciliar, impidiendo también la modificación "abusiva e injustificada" de las condiciones de trabajo de forma unilateral por el empleador.

En materia salarial, Valerio ha dicho que trabaja en medidas para aumentar la transparencia y evitar brechas de género o entre temporales e indefinidos, así como recuperar la causalidad en el descuelgue empresarial y la prioridad de los convenios sectoriales.

El Gobierno también quiere atajar la elevada temporalidad (del 26,8 %) y desarrollar políticas activas de empleo para colectivos como los parados de larga duración o los jóvenes.

Valerio ha destacado el Plan Director por un Trabajo Digno, con una primera fase en la que ha enviado 81.639 cartas a empresas sospechosas de fraude.

Por un lado, ha logrado ampliar la jornada a 6.292 trabajadores con contratos a tiempo parcial pero realizando jornadas completas de manera abusiva por sus empleadores, cifra que representa 12,5 % de los detectados.

Asimismo, ha transformado 46.554 contratos temporales fraudulentos en indefinidos, el 57,8 % de los detectados.

A ello habría que sumar los efectos "inducidos" en empresas que actúan "de manera preventiva", ha dicho la ministra, recordando que entre agosto y septiembre, los dos meses de vigencia del plan, se han realizado 386.689 contratos fijos y convertido en indefinidos otros 147.701.