La prestación canaria de inserción (PCI) llegará al triple de beneficiarios que en la actualidad tras la flexibilización de los requisitos que permiten percibir la ayuda. Esta medida, incluida en los acuerdos de la sexta Mesa de Concertación Social del Archipiélago, fue ratificada ayer por el Gobierno regional y las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y empresariales (CEOE y CCE) en el curso de un encuentro que también sirvió para avanzar futuros acuerdos.
La PCI llega en la actualidad a 13.000 familias y alrededor de 27.000 personas. Cuando surta efecto la reforma consensuada por el Ejecutivo y los agentes económicos y sociales beneficiará a entre 80.000 y 90.000, según los cálculos expuestos ayer, al término de la reunión, por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Valido. Para hacerlo será necesario incrementar su presupuesto de los 52 millones en que se cifra ahora a unos 130 en 2023, aunque el próximo año el aumento será de 15 millones, destinados a la contratación de personal en los servicios sociales municipales.
La nueva PCI tendrá carácter indefinido para las familias con menores a cargo mientras no cambie su situación -en la actualidad tiene una vigencia de dos años-, podrá retomarse tras la finalización de contratos temporales de trabajo y será compatible con el desempeño de empleos "precarios" que aporten menos de 600 euros mensuales. De esta forma, el Gobierno pretende evitar que los beneficiarios rechacen ofertas profesionales que pueden constituir "una oportunidad de entrar en el mercado de trabajo", subrayó Valido. También podrán percibirla las familias con hijos de entre 18 y 25 años que estudien, para así proporcionarles un incentivo que evite el abandono de los estudios.
La materialización de estas medidas "dependerá de que haya presupuestos y Ley de Servicios Sociales", advirtió la consejera en un claro mensaje a los grupos políticos del Parlamento canario. "Confío en que entiendan esta apuesta por la población vulnerable", dijo.
Durante la reunión, sindicatos, patronal y Gobierno acordaron constituir nuevas mesas de trabajo para el séptimo proceso de concertación social. Una de ellas abordará cambios en el sistema fiscal que aseguren la sostenibilidad de los servicios esenciales (educación, sanidad y políticas sociales). Una segunda tratará de reducir la brecha salarial entre sexos, mientras que en otra se buscarán medidas para mejorar la Formación Profesional y adaptarla a las necesidades de las empresas.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que la Comunidad Autónoma está en condiciones de elaborar un presupuesto de 2019 "expansivo", por lo que apeló a la responsabilidad de los grupos políticos para que las cuentas salgan adelante y, con ellas, la reforma y ampliación de la prestación canaria de inserción.
"Si no hay ficha financiera será solo una declaración de intenciones", puntualizó Clavijo. El jefe del Ejecutivo inscribió la iniciativa acordada por los sindicatos, las patronales y el Gobierno en la "máxima" de este de "salir de la crisis sin dejar a nadie atrás". A juicio de Clavijo, se trata de un "gran acuerdo" y de una medida "histórica".
Canarias dispondrá de 500 millones de euros más el próximo ejercicio gracias a que ahora tiene acceso al fondo de competitividad del sistema de financiación autonómica, recordó el presidente, quien mostró de nuevo su oposición a cesiones a Cataluña frente a regiones que, como Canarias, han sido "leales" y han "cumplido".
En este sentido, Clavijo defendió una reforma de la Constitución en la que todas las autonomías se sientan "cómodas".