El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, se reunió este jueves con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz y demandó la transferencia de la cuantía proporcional de las tasas judiciales que corresponda a Canarias y de la cuenta de consignaciones judiciales a fin de poder destinarla a la justicia gratuita.

El consejero ha defendido este servicio al considerarlo "fundamental" para la población más vulnerable de las islas al margen de poder incluir también de forma subsidiaria otros fines del ámbito judicial al que pudieran vincularse estas cantidades.

Al encuentro, que Barragán calificó como cordial, también asistieron el viceconsejero de Justicia, Emilio Moreno, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, recoge una nota de su departamento.

El consejero también pidió al Gobierno que impulse un protocolo de identificación rápido y eficaz de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que se complete, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes tras su llegada a territorio canario.

Además, planteó al secretario de Estado la creación de otra Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Tenerife, cuyo cometido será revisar las sentencias de las Secciones penales de la Audiencia provincial.

Se busca así garantizar una justicia próxima al ciudadano y agilizar los procedimientos en el territorio canario, de forma que las decisiones de estas se conozcan y resuelvan en un mismo ámbito.

Asimismo, el Gobierno canario ha solicitado al Estado que estudie cuanto antes las necesidades de creación de nuevos juzgados en el archipiélago.

El compromiso alcanzado es que los equipos de trabajo del Ministerio iniciarán en breve este estudio para abordar luego con el Ejecutivo autonómico la elaboración de un listado que dé prioridad a los órganos más urgentes y su eventual ubicación en función de las cargas de trabajo.

Barragán también demandó a Dolz que tenga presente con cada creación de órganos judiciales la necesidad de ampliar el personal en las islas tanto de los Institutos de Medicina Legal (IML) como de la Fiscalía.

La idea es que la dotación de recursos humanos a los nuevos juzgados se acompañe de un incremento en paralelo de las plantillas de los IML y la Fiscalía a fin de que puedan asumir el aumento de actividad que supone su puesta en marcha y evitar así que se vean desbordados y deficitarios de personal.

ESTABILIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS

En concreto, para dar estabilidad a la plantilla, optimizar los recursos de los decanatos y acabar con la movilidad en el partido judicial de Puerto de Rosario, el equipo de la Consejería demandó también que se le eleve a la categoría de magistrado, propuesta que el Ministerio estudiará.

Finalmente, el Ejecutivo canario planteó la necesidad de retomar el Convenio de Modernización de la Administración de Justicia, que quedó fuera de las dotaciones del Presupuesto General del Estado para 2018.

Barragán insistió en la necesidad de recuperarlo para el próximo ejercicio a fin de continuar con la implantación y potenciación de los sistemas informáticos de gestión procesal en el archipiélago.