Eulalia García tomó hace dos meses el relevo en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Su objetivo es mejorar las cifras de altas en el sistema con respecto al año anterior y agilizar los procedimientos de reconocimiento. "Es cierto que tenemos lista de espera, pero también que el esfuerzo inversor ha hecho que no seamos los últimos en todo y que mejoremos en muchos indicadores: la nómina de prestaciones se ha incrementado muchísimo y es una buenísima señal", defiende.

Esta dirección general ha tenido cuatro directoras en la legislatura -ruptura del pacto de gobierno mediante-. ¿Le costó aceptar el cargo? ¿Da miedo?

Miedo no, pero respeto sí, porque es un área complicada. No me planteé que fuera la cuarta directora, creo que es algo anecdótico, pero entiendo a la gente, al personal y a los usuarios.

¿Qué es lo más complicado en una dirección como esta?

Lo más importante es que siempre hay que tener en cuenta que tratamos con personas, y personas que están en una situación muy sensible. No podemos pararnos en que si números o no números. Las cifras hay que darlas, sí, pero detrás hay personas, y las situaciones que llegan son complicadas y cada número es una historia diferente.

Pero ha habido enfrentamientos entre la oposición y el gobierno respecto a las cifras.

En realidad estamos hablando de las mismas cifras, las que certifica el Imserso. El problema es que todo el mundo habla de las altas netas y yo creo que así le hacemos un flaco favor a la población, a los usuarios, porque parece que solo se están incorporando esas personas al sistema, y no es cierto. Eso se debe a que en las altas netas hay un factor sobre el que no tenemos ninguna capacidad de actuación, como son los fallecimientos o los archivos que caducan porque el usuario no ha cumplido con los plazos. En cuanto al número de fallecimientos, en una sociedad cada vez más envejecida, no podemos hacer nada. Este equipo ha priorizado a los mayores de 85 años y es más probable que fallezcan los usuarios de esta edad que uno que tenga 60. Por eso a mí siempre me gusta, además de dar las netas, dar las brutas, porque las primeras son realmente las altas nuevas que se incorporan al sistema. No es cierto que en siete meses se hayan incorporado seiscientas o setecientas personas, se han incorporado casi 3.000. Hay una diferencia muy importante. Y hay que decirlo, explicar las cifras, porque si no estamos jugando con las expectativas de la gente, que piensa ¿y cuándo me va a tocar a mí? Es cierto que tenemos lista de espera, pero hay que decirlo todo.

¿Qué medidas se han puesto en marcha enfocadas a dependientes leves, de grado 1, para que tengan más autonomía durante el mayor tiempo posible?

Existen servicios de prevención y promoción de la autonomía. Pero es verdad que nos hace falta que se apruebe la Ley de Servicios Sociales para que se apruebe la cartera de servicios y se actualicen precios. No creo que haya nadie que pueda decir que no está de acuerdo con la ley de servicios sociales, una ley tan necesaria y que ha sido tan discutida. Necesitamos aprobarla lo antes posible para que nos entre en presupuesto en 2019. Tenemos que pensar en las personas, no en que la legislatura ya se acaba.

La Consejería ha advertido de que en los informes sobre dependencia que hace la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales no se tienen en cuenta las aportaciones de los cabildos a la dependencia.

El Ministerio no tiene constancia en sus presupuestos de ese dinero. Controla lo que la Comunidad Autónoma y el Estado aportan, pero no tiene acceso a lo que hacen los cabildos. Cuando se publicaron los últimos datos nosotros explicamos que faltaba ese dinero, porque realmente las corporaciones insulares están contribuyendo.

¿En qué puesto estaría Canarias?

Ya no somos los últimos. Según el informe somos los sextos por la cola, pero es que si sumáramos lo que aportan los cabildos, que nosotros lo hemos hecho, se vería que somos los quintos por delante. Es decir, el esfuerzo inversor es importante, y por eso los indicadores empiezan a cambiar y ya no somos los últimos en todo.

¿Las aportaciones del Estado se han reducido estos años?

No se han reducido, pero no se han incrementado. Estamos siempre en torno a un 12% o un 15%. Nos movemos en una franja muy baja. Esperemos que se incremente si aprobamos la cartera de servicios y los incrementamos.

¿Siente que la dependencia se usa como arma arrojadiza en la guerra política?

Sí. Los trabajadores están muy comprometidos, y a veces parece que los estamos atacando a ellos. La gente se olvida de que esta área, sobre todo la de dependencia, estuvo abandonada durante diez años, y que los milagros son complicados.

¿Es verdad que la crisis ha disparado las solicitudes de reconocimiento de la discapacidad?

Sí. Diariamente, y solo en una provincia, pueden entrar entre 60 y 80 solicitudes, pero un número importante es desistido.

Eso incrementa la espera.

Cuando hablamos de listas de espera se pueden producir por varios factores. Una parte es responsabilidad de la administración, pero luego hay gente que no acude a llevar un informe y que nosotros tenemos que permanecer a la espera o expedientes que caducan? Esa lista de espera no es porque nosotros no tengamos capacidad para atender a los usuarios, pero ahí está.

Agilizar el procedimiento de la dependencia

La Consejería de Políticas Sociales quiere agilizar el procedimiento de reconocimiento de la dependencia para que el derecho se haga efectivo de manera más rápida. "Hemos sometido a consulta pública la posibilidad de modificar el decreto de procedimiento. Ahora emitimos dos resoluciones. Eso dilata el procedimiento en el tiempo. Estamos estudiando eliminar una resolución y hacer todos los actos en una única resolución. También nos ayudaría a ello contar con un gestor de expedientes, algo tan simple como eso. Estamos estudiando muchas vías. Tener un gestor que nos permita algo tan simple como comunicarnos en línea con ayuntamientos y cabildos ayudaría muchísimo. Y, evidentemente, necesitamos más recursos humanos, pero esos recursos humanos pueden ser los equipos con los que ya cuentan los cabildos y ayuntamientos".