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DESAHUCIOS

El Banco Santander no contesta al Gobierno canario sobre las viviendas de Añaza

Santa Cruz de Tenerife, EFE
11/oct/18 17:06 PM
eldia.es
Una reunión del alcalde de Santa Cruz (i), el presidente del Cabildo tinerfeño (a su derecha) y la consejera de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales del Gobierno canario (2ª i) con los afectados./El Día

El Instituto Canario de la Vivienda ha pedido al Banco de Santander y a las entidades inmobiliarias la paralización inmediata de los desahucios en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, así como la prórroga de los contratos a los inquilinos, además de toda la información sobre un posible proceso de compraventa de las viviendas, pero no ha obtenido respuesta.

Si el Banco Santander y las inmobiliarias dependientes de esta entidad (Luri 6, Sociedad de Inversión Inmobiliaria y Altamira Asset Management, SL) no facilitan información sobre la titularidad actual de los inmuebles e incumplen la regulación vigente en materia de vivienda protegida el Gobierno "iniciará los procedimientos sancionadores oportunos", indica el Icavi en un comunicado.

El Icavi recuerda que al tratarse de Viviendas de Protección Oficial (VPOs) en régimen especial hasta 2021, la entidad bancaria debe notificar a los inquilinos si se va a producir una venta, un proceso en el que Gobierno canario tendría opción de compra prioritaria.

Ante la falta de respuesta a la información solicitada por parte del Banco de Santander, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda "ya estudia también iniciar otras acciones legales previstas para exigir que esa documentación obre en su poder".

La Consejería "tiene autoridad para iniciar todas las actuaciones que contempla la ley para proteger a las 358 familias que se están viendo afectadas", indica el ejecutivo, que asegura que "no va a permitir que ningún hogar se vea afectado por un presunto incumplimiento de la normativa de vivienda protegida".

En el comunicado se recuerda que el problema se ha generado por la incertidumbre de las 358 familias arrendatarias de las viviendas, que forman parte de las dos promociones de 179 viviendas calificadas como Viviendas de Protección Oficial (VPOs) de promoción privada en régimen de arrendamiento a 10 años.

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