Las exigencias de una investigación independiente que esclarezca las causas de la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán, cuando estaba en un edificio policial y bajo custodia del Estado, crecieron hoy en su país.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) demandó en un comunicado difundido este jueves que se establezca una comisión internacional de expertos que realice un estudio sin sesgos de la muerte de Albán, ocurrida el lunes, y recordó que la Constitución de Venezuela declara que "el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad".
Pidió además que sean el secretario general de la ONU, António Guterres; la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette May Macaulay, quienes creen la comisión para este estudio independiente.
OVP consideró necesaria una investigación independiente ante las presuntas "versiones contradictorias por parte de representantes del Gobierno nacional" tras la muerte de Albán, detenido el viernes de la pasada semana cuando regresaba desde Estados Unidos, donde visitó a sus hijos, por su presunta implicación en el atentado de agosto contra Nicolás Maduro.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó el lunes de que Albán había fallecido tras arrojarse al vacío desde el piso 10 del edificio sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando solicitó ir al baño, "y estando allí se lanzó".
Ese mismo lunes, el Ministerio del Interior señaló que Albán se arrojó cuando estaba en una sala de espera, y ayer Saab ratificó la tesis de muerte autoinfligida, pero matizó que se produjo cuando Albán solicitó ir al baño durante el almuerzo.
Estas declaraciones aparentemente inconsistentes, así como supuestos testimonios de fuentes internas del Sebin citados por opositores, y que cuestionan la versión oficial del suicidio, han estimulado las denuncias que apuntan hacia la hipótesis de un homicidio.
También hoy, la diputada opositora y vicepresidenta del comité de derechos humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial, Delsa Solórzano, exigió una investigación independiente y remarcó que las fuentes oficiales han ofrecido "tres versiones distintas" sobre la muerte de Albán.
Las peticiones planteadas por OVP y por Solórzano de una investigación independiente se unen a las que ya hicieran la ONU, la Unión Europea, la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos, que han solicitado al Ejecutivo de Nicolás Maduro determinar responsabilidades en este caso.
El partido Voluntad Popular (VP), del opositor detenido Leopoldo López, exigió hoy a Maduro romper su silencio y responder ante el fallecimiento de Albán.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y miembro de VP Juan Guaidó dijo que la Cámara demostró en el pasado la responsabilidad del ministro de Justicia, Néstor Reverol, en violaciones a los derechos humanos y que Maduro lo validó en el cargo, según reza una nota de prensa de esa formación política.
"Por haber validado a Reverol, Nicolás Maduro debe responder quién es el responsable del asesinato de Albán", insistió Guaidó, quien recordó que la AN aprobó hace meses una moción de censura contra el ministro que debería haber conllevado su remoción.
El grueso de la oposición venezolana cuestiona la hipótesis del suicidio de Albán y asegura que este fue simulado para "ocultar torturas" que, denuncian, le habrían ocasionado la muerte.
Hoy Joel García, quien fuera abogado de Albán en la causa por el atentado contra Maduro, dijo que las presuntas pruebas de la Fiscalía contra el politico opositor son, desde su muerte, "totalmente ilícitas".
El fiscal general reiteró el miércoles que Albán se suicidó, como así lo revelan las conclusiones preliminares de la investigación y que, como parte de las investigaciones, el Ministerio Público ha recabado "1.272 notas de voz" de su teléfono móvil, 2.400 documentos en correos electrónicos y 2.084 vídeos.
Pero García indicó que, en vista de que no se había presentado tal evidencia con el fallecimiento de Albán, cesó cualquier acción penal sobre su defendido y "si él (Saab) obtuvo posterior a la muerte ese contenido, está violando la ley, porque no hay acción penal contra esa persona".