La nueva prestación canaria de inserción (PCI) multiplicará por cinco los fondos para programas de intervención con colectivos de "alta exclusión". El presupuesto pasará de 1,5 millones a 7,6 en los próximos cinco años y se destinará a iniciativas para favorecer la inclusión tanto laboral como social de los ciudadanos que lo requieran.

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, explicó a este periódico que considera prioritario trabajar con estos perfiles desde ambas perspectivas para favorecer su integración en la sociedad en la que viven, algo para lo que es muy importante encontrar un empleo, pero que no siempre es factible.

Además de este apartado, la nueva prestación también incorporará nuevos perfiles para mejorar su efectividad.

Los jóvenes mayores de 18 años y menores de 25 que estudien y formen parte de un hogar sin ingresos podrán beneficiarse de ella mientras estén formándose, lo que incentivará la continuidad en los estudios superiores y, en consecuencia, aumentará las posibilidades de empleo de estos jóvenes en el futuro.

Asimismo, por el otro lado de la pirámide de población, también podrán solicitar esta prestación los mayores de 65 que aún no puedan tramitar la pensión.

Continuarán en el sistema, además de los colectivos anteriores, las familias con menores a cargo y sin rentas o con rentas reducidas y las personas sin hogar.

Los jubilados con pensiones inferiores al mínimo establecido en función del Iprem (ronda los 650 euros) también podrán acogerse a esta ayuda si cumplen con otros requisitos relativos al patrimonio y los miembros del hogar.

Además, el Gobierno ha flexibilizado la renovación y suspensión temporal de la PCI. La titular del área explica que la nueva PCI permitirá que la renovación sea anual y suspensiones sin tiempo límite por incorporación a contratos temporales, "de tal manera que una persona no se vea obligada a renunciar a un trabajo temporal solo porque a la finalización del contrato quedaría sin cobertura".

La puesta en marcha de la nueva ayuda depende de la aprobación de los presupuestos y la Ley de Servicios Sociales.

las claves

Una ley para "blindar derechos". La nueva Ley de Servicios Sociales permitirá incrementar la inversión en servicios sociales en Canarias en los próximos 5 años y puede situar las Islas entre las regiones que más invierten, según el Gobierno de Canarias. La nueva ley "creará un derecho subjetivo en el ámbito de la justicia social".

Otra de las características que presenta la nueva PCI, que fue aprobada por unanimidad en la Mesa de Concertación Social reunida esta semana, será "la posibilidad de compatibilizar la PCI con los ingresos en contratos de trabajo parciales por horas y que no alcancen el mínimo del Iprem (media de 650,95 euros, según los miembros de la unidad convivencial) o con pensiones de viudedad o de mayores de 65 años que no reciban pensiones no contributivas".

El Gobierno de Canarias calcula que el coste medio de la ayuda sería de 489 euros y que el ritmo medio de altas mensuales sería de más de 400 familias.

La aprobación de la inclusión de nuevos perfiles en el sistema de la PCI y el cambio de criterios para su mantenimiento y concesión significaría ampliar el coste de 52 a 72 millones de euros en 2019, hasta llegar a los 131 millones de euros en 2023.

Esta cuantía incluye un gasto mayoritario para prestaciones, pero también para contratación de personal, en ayuntamientos y en la Consejería, y para incrementar los programas de lucha contra la exclusión social que favorezcan la integración de los colectivos beneficiados.

Ese incremento presupuestario y de recursos humanos pasa, no obstante, "por que se aprueben los presupuestos y se garantice su gestión a través de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales", destacó la consejera Cristina Valido.