Santa Cruz de Tenerife

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lleva a la Fiscalía la "amenaza" del Santander

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el ayuntamiento inician acciones contra la amenaza que sufren las 358 familias que habitan los pisos de Añaza de la entidad bancaria.
El Día, S/C de Tenerife
16/oct/18 6:27 AM
Edición impresa
 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha llevado a la Fiscalía el caso de las 358 viviendas de Añaza que se han visto afectadas por la amenaza de verse en la calle por la estrategia de la propiedad (el Gobierno de Canarias dice que los dos bloques de vivienda son propiedad del Banco Santander) de activar desahucios y no renovar los contratos de alquiler de gran parte de los vecinos que ocupan las viviendas.

En este caso, la activista de la PAH, Inma Évora, estuvo en la misma línea de dureza que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, contra la política del Santander y la sospecha de haber vendido los dos edificios de viviendas a los denominados "fondos buitre" en dos puntos de la ciudad distintos.

Mientras la primera se concentró con parte de los vecinos afectados a las puertas de los Juzgados de Santa Cruz para explicar los detalles de la iniciativa tomada a cabo, el regidor lo hizo a la conclusión de un acto en Cajasiete, donde apuntó su intención de revisar las relaciones económicas existentes con el Santander y todas las consecuencias derivadas de ello.

En el caso de Évora, apuntó que la plataforma ha denunciado a la Fiscalía la actuación del banco al entender que "han existido bastantes indicios de ilegalidad en el procedimiento llevado a cabo por la entidad financiera", así como la presión ejercida por la misma a los vecinos para que abandonen sus viviendas, tanto los que han tenido la amenaza de un desahucio como a los que no se les ha renovado sus contratos de alquiler.

En cualquier caso, espera que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "sigan los mismos pasos" y aporten información para que se investigue no ya solo la actual situación que sufren las 358 familias, sino los indicios irregulares vinculados por el urbanismo desde el año 2002.

Al respecto, recordó que, "al parecer, los edificios fueron edificados en parcelas públicas y calificadas hasta en tres ocasiones, aunque la última de 2006 como Viviendas de Protección Oficial (VPO) "por un tiempo de 15 años, algo que no era lo habitual. Lo normal es que tendría que haber sido un periodo de 30 años" para garantizar su protección, indicó.

En cualquier caso, "no vamos a permitir que las viviendas sociales sean vaciadas para revenderlas o ponerlas en alquiler vacacional", señaló.

El Ayuntamiento de Santa Cruz revisará las relaciones existentes entre la corporación local y el Banco Santander ante la falta de comunicación existente tras el problema de las viviendas de las manzanas 7 y 8 de Añaza, en las que 358 familias están amenazadas de desahucio o verse en la calle por la negativa de la entidad de renovar sus contratos de alquiler.

Así lo adelantó ayer el alcalde de capitalino, José Manuel Bermúdez, a la conclusión de un acto celebrado en Cajasiete en el que explicó que "he dado instrucciones al concejal de Hacienda, Juan José Martínez, para que desde hoy revise las relaciones comerciales con la entidad bancaria y le puedo asegurar que será a la baja".

En este caso, el regidor relató con firmeza que será un paso más ante una situación "incomprensible" en la que no puede entender "que el Santander no se haya reunido con nosotros transcurrido un plazo para conocer qué es lo que pasa", resaltando que "nosotros como administración no podemos comprender cómo no hemos tenido ningún tipo de respuesta".

Bermúdez señaló que en breve tendrá un listado de acciones contra la falta de predisposición del Santander.

Viviendas protegidas

En las manzanas 7 y 8 de Añaza se construyeron en 2006 dos edificios de 179 viviendas cada una de ellas en régimen de VPO para familias en arrendamiento. Esta protección garantizaba los precios sociales que tenían que ser supervisados por el Gobierno de Canarias, que dio ayudas para construir los inmuebles. Precisamente, dijo Évora, los precios han subido, no se han renovado contratos de alquiler y los vecinos han empezado a ser presionados desde hace unos meses, coincidiendo con la estrategia del Santander de vender "activos tóxicos" al fondo estadounidense Cerberus, que vincula con la familia Aznar Botella. Todo ello ha provocado la reacción de las administraciones y la negativa del Santander a reunirse con ellas.