Nada menos que 29 millones de euros, o lo que es lo mismo, 4.825,19 millones de las antiguas pesetas. Esta es la cantidad total que tanto el Cabildo de Tenerife como el Ayuntamiento de Santa Cruz retirarán del Banco Santander como primera medida de presión para corregir el grave problema que sufren las 358 familias de los edificios de las manzanas 7 y 8 del barrio de Añaza.

Si sobre las 14:40 horas de ayer, y tras reunirse con los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una representación vecinal, la directora regional del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, y varios concejales (el presidente del Cabildo intervino por teléfono), el alcalde José Manuel Bermúdez, anunciaba que el ayuntamiento retirará la mitad de los fondos que tiene en cuentas del Santander, "un total de 2 millones", a las 15:50 horas entraba en las redacciones de los medios una nota del Cabildo en la que indicaba que "retirará 27 millones de euros". El presidente Carlos Alonso cumplía así con lo anunciado la pasada semana cuando solicitó al Santander información sobre las viviendas de protección oficial de Añaza.

La Corporación insular pidió la pasada semana información "clara y precisa" sobre la situación real de las viviendas y que se paralizara cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en estos inmuebles. "Ante la falta de respuesta a una cuestión humanitaria tan urgente, hemos decidido retirar esos fondos en concordancia con lo aprobado hace tres años por el Pleno puesto que resulta inadmisible la dejadez de la entidad bancaria ante este grave problema", dijo Alonso.

Con la retirada de los 29 millones, las dos principales administraciones de la Isla cumplen su advertencia al banco ante la falta de información y pasividad mostrada con este grave problema social en el barrio de Añaza.

Lo cierto es que se trata de una guerra total en la que el Gobierno de Canarias ha mantenido una posición más conservadora, a sabiendas de que sin su permiso "cualquier transacción de venta del Banco Santander, sus filiales o empresas no es válida al ser viviendas bajo el régimen de Viviendas de Protección Oficial (VPO)", recordó De León.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, mostró ayer una posición firme ante la amenaza que se cierne sobre los vecinos de Añaza. Sobre ello, y advirtiendo que desde el ayuntamiento se tomarán otro tipo de medidas si no se soluciona el problema de las 358 viviendas de Añaza, el regidor fue contundente a la hora de señalar que "he ordenado retirar 2 millones", la mitad de los fondos totales que tiene en su relación comercial con el Santander.

Justificó que es la primera acción tomada por la inexistencia de una respuesta oficial ni por parte del Santander, ni la promotora Luri 6 o la gestora de los pisos, Altamira, criticando que el banco "no ha respondido a los requerimientos que les han hecho llegar el Gobierno de Canarias, Cabildo insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es inadmisible que no responda a las instituciones públicas".

Se mostró preocupado por la situación de indefensión de las familias, motivo por lo que no cierra la puerta a sentarse a la mesa con interlocutores. "No queremos un incendio, sino apagarlo", dijo en tono conciliador para concluir.

"Frustrada y asustada"

Cristina Febles, vecina de las viviendas afectadas de Añaza, se ha convertido en la cara más visible de los residentes de las viviendas de las manzanas 7 y 8 del barrio. Reconoce estar "muy mala, agobiada, frustrada y asustada por la situación que vivimos". A pesar de todo, confía en que "las administraciones puedan solucionar un problema que nos afecta de una manera u otra a 358 familias", recordando el gran desgaste que están sufriendo.

"Queremos una solución"

Araceli García solo tiene en el pensamiento a sus "dos hijos", señalando que sería muy duro verse en la calle. "Es la primera vez que paso una situación como esta. Lo que queremos es que solucionen este problema de una vez porque no queremos vernos en la calle", explicó. Apuntó que en estos momentos está depositando el pago del alquiler en el juzgado, aunque no tiene el contrato en vigor, recordó apesadumbrada.