Las denuncias relacionadas con violencia de género han disminuido un 1,4% en el segundo trimestre del año 2018, frente al aumento del 1,2% de las condenas a maltratadores, según los datos estadísticos dados a conocer este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

En concreto, en este periodo se han dictado 13.384 sentencias penales por violencia de género, de las que el 68,4% (9.149) fueron condenatorias, lo que supone un aumento del 1,2% respecto a las dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 67,2% del total.

El mayor porcentaje de condenas se ha producido en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 85,8%, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 83,6%. Además, un 58,6% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal han sido condenatorias. Estas cifras suponen incrementos de entre uno y dos puntos respecto a las del mismo trimestre de 2017.

Respecto al número de denuncias y víctimas, los datos indican que 40.232 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 42.077 denuncias presentadas en este periodo. Las denuncias disminuyen un 1,4% respecto a las del mismo trimestre del año anterior (42.689), y en un 0,3% el número de mujeres víctimas de violencia de género (40.366 en el mismo periodo de 2017).

En relación con la procedencia territorial de las mujeres, del total de las víctimas, 27.477 mujeres eran españolas (un 68,3%) y 12.755, extranjeras (un 31,7%) en el segundo trimestre de 2018.

En cuanto a la ratio de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional (16,89), las comunidades de Baleares (26,13); Comunidad Valenciana (22,14); Murcia (21,33); y Andalucía (20). La ratio más baja se ha dado en Castilla y León (10,25); Extremadura (11); y Galicia (11,50).

Por otro lado, más de un 67% de las denuncias las presentó la víctima, en el juzgado o a través de atestados policiales, lo que supone un descenso de dos puntos sobre el porcentaje observado en el segundo trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la policía alcanzan el 16% --dato levemente superior al año anterior--, mientras que se constata una importante subida en las denuncias presentadas por familiares ante órganos judiciales (152 frente a 99 del año 2017). Este porcentaje, incluyendo las denuncias de familiares ante la policía (747, frente a 727 el año anterior), se sitúa en el 2,14% del total.

Algo más del 9% de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 5,2% a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

En 4.426 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, lo que supone un 11% de las víctimas frente un 10,3% del mismo periodo de 2017. Además, 2.891 eran españolas y 1.535 extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (12,03) que en las españolas (10,52).

En relación con las órdenes de protección, se solicitaron 11.279 en los órganos judiciales, frente a las 11.776 del segundo trimestre de 2017. Un total de 9.906 órdenes (que incluyen medidas de protección y seguridad) se solicitaron en los juzgados de violencia sobre la mujer, un descenso del 3,28% respecto al mismo periodo de 2017 (10.242 órdenes).

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 67,8% de las órdenes de protección solicitadas (6.714 adoptadas frente a 9.906 solicitadas), un dato similar al del primer trimestre del año pasado (67,9%).

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.728 (68%) correspondieron a mujeres españolas y 3.178, a extranjeras. Un total de 219 órdenes de protección correspondían a menores de edad (2% del total).

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.373), se acordaron 1.021 (74%). Respecto a la nacionalidad de las víctimas, siete de cada diez eran españolas.

MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN

De los datos también se desprende que han aumentado las medidas judiciales civiles de protección. Así, en el segundo trimestre de 2018, los órganos judiciales adoptaron 4.267 medidas civiles de protección de mujeres o menores víctimas de la violencia de género, 129 más que el año anterior. Entre ellas, destacan las medidas de atribución de la vivienda (1.145) y de prestación de alimentos (1.357).

Además, el informe refleja que en 345 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 194 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección, se acordaron 16.272 frente a las 16.217 del mismo trimestre del año anterior, de las que destacan la orden de alejamiento (6.194 casos) y la prohibición de comunicación (6.206 casos). Asimismo, se adoptaron 352 medidas privativas de libertad.

Por tipo de juzgados, los de violencia sobre la mujer celebraron un total de 2.014 juicios sobre delitos leves, de los que un 41% (833) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 83% de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas. Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre 53.027 asuntos penales.

El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 53,3%, corresponde al delito de maltrato habitual.

Por su parte, los Juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron 8.311 asuntos, superando una vez más el número de asuntos que ingresaron, que fue de 8.232. Estos juzgados dictaron 8.009 sentencias, de las que el 56,64% (4.536) fueron condenatorias, lo que indica un incremento de algo más de medio punto respecto al año anterior.

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 116 sentencias, 97 de ellas fueron condenatorias, lo que supone un 83,6%, tres décimas más que en el mismo trimestre de 2017.

Mientras, los Juzgados de menores enjuiciaron a 74 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer, diez menos que en los mismos meses de 2017. Se impusieron medidas en un 94,6% de los casos, afectando a 70 menores, de los que 61 eran españoles.

"NO HAY IMPUNIDAD ALGUNA"

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado de manera "muy positiva" el incremento de las medidas civiles de protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, así como el mantenimiento del porcentaje de órdenes de protección concedidas.

En el mismo sentido, ha destacado la "consolidación" de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, tras el aumento interanual de más de un punto porcentual. "Pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna".

Al constatar, por otra parte, el descenso de las denuncias, Carmona pone el acento en la disminución "importante" del número de víctimas y también en el incremento, "todavía insatisfactorio", de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas.

También ha expresado el "tremendo dolor y desgarro interior" que causan en la sociedad los episodios de violencia de género que, "desgraciadamente, han proliferado en las últimas semanas", y apela al "esfuerzo y generosidad" de todos los estamentos sociales y políticos para que puedan ser visibles "muy pronto" los efectos del Pacto de Estado contra la violencia de género.