El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los vecinos afectados por la crisis social de las 358 viviendas de Añaza reclamaron ayer al Banco Santander que plasme por escrito en los juzgados la paralización de posibles desahucios en las manzanas 7 y 8 del populoso barrio, una iniciativa que nace con el objetivo de parar cualquier desalojo que tenga fecha fijada después del acuerdo entre el Ejecutivo regional y la entidad financiera.

En estos términos se expresaron el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, y la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Inma Évora, tras una reunión mantenida entre concejales y técnicos de las corporación y vecinos afectados para valorar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Santander para la compra de las viviendas protegidas.

En este caso, el regidor resaltó que el encuentro mantenido fue mucho "más distendido" que en ocasiones anteriores por razones obvias, una vez que se ha producido el acuerdo entre la corporación y la propia entidad. Sobre ello puso en valor el estado de tranquilidad generalizado que ahora impera entre los residentes y afectados, pero quiso dejar clara, no obstante, la necesidad de paralizar los desahucios, y para eso pidió que "el Santander notifique al juzgado" la paralización de cualquier orden de desalojo.

Bermúdez apuntó que tras la concreción del acuerdo y cuando se adquieran las 358 viviendas, "estas pasarán a tener un régimen de alquiler social, por lo que "estamos ante una buena noticia porque les da tranquilidad y seguridad jurídica a las familias, puesto que hay una hoja de ruta para lograr una solución definitiva".

Bermúdez agradeció a los vecinos su organización y a Inma Évora que haya puesto por delante su trabajo desinteresado para ayudar a los vecinos afectados. A partir de ahora, tanto los Servicios Sociales del ayuntamiento como los vecinos "buscarán toda la documentación necesaria para que el Gobierno pueda estudiar la situación de cada familia".

Inma Évora, por su parte, admitió que los vecinos están "más tranquilos" y "está claro que el Santander ha dado el paso que tenía que dar para que los edificios no cayeran en manos de un fondo buitre". Añadió que con la acción del Gobierno de Canarias y su presidente, Fernando Clavijo, al frente, se posibilita que las viviendas sigan cumpliendo el fin social para el que fueron creadas.

Volvió a resaltar que "las administraciones públicas han estado donde debían estar".