El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha negado hoy en el Parlamento que en la tramitación del bono de residente haya habido un trato de favor hacia el Cabildo de Tenerife y ha asegurado que todos los cabildos han recibido la información al mismo tiempo.

La diputada de Nueva Canarias, Esther González, ha afirmado durante la comparecencia parlamentaria que solicitó del consejero, que el Cabildo de Tenerife dispuso del borrador de la orden que regula este bono desde el mes de junio, según manifestó en su momento Miguel Becerra, director insular de Movilidad y Fomento.

Parece un caso de tráfico de influencias y de información privilegiada, ha dicho González.

Rodríguez ha señalado que todos los cabildos tuvieron acceso al borrador a mediados de septiembre, ha negado las acusaciones de tráfico de influencias y ha dicho que las actas de la Fecai demuestran sus afirmaciones de que todos los cabildos han tenido la información al mismo tiempo.

También ha insistido que se ha ofrecido la colaboración del Gobierno a todos los cabildos y el Cabildo de Gran Canaria, que preside Antonio Morales, de Nueva Canarias, "ha dado la callada por respuesta".

Rodríguez ha afirmado que Morales no suele ir a las reuniones de la Fecai y a las que va "se ausenta pronto".

El también vicepresidente del Gobierno canario ha señalado que el Ejecutivo canario ha adelantado unos once millones de euros para que este bono de transporte se pueda implantar a la espera de los 20 millones de euros que tienen que ser transferidos por el Gobierno del Estado.

A la primera resolución, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, le seguirá una segunda orden con los diez millones de euros que debe aportar el Gobierno de Canarias.

Rodríguez ha señalado que tras la firma de ayer de las siete ordenes, el bono existe y los cabildos insulares pueden ponerlo en funcionamiento.

Ha recordado que el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que en diez días entrará en vigor por un precio de 35 o 40 euros; en Tenerife ya se utiliza por 47 euros y en los próximos días habrá anuncios de que comienza en Fuerteventura y La Palma.

Ha asegurado que los fondos están garantizados a pesar de que el Estado no ha transferido los fondos.

Rodríguez ha afirmado que sabe que el bono residente no es una varita mágica para solventar los problemas del tráfico pero ha coincidido con la diputada de Podemos Natividad Arnaiz de que el coste y la calidad del servicio son fundamentales para un mayor uso del transporte público.

La segunda fase de este proyecto será utilizar el mismo bono en todas las islas aunque el consejero ha reconocido que se trata de un reto difícil ya que uno de los pasos sería homogeneizar los precios.

La diputada de Nueva Canarias Esther González ha calificado de "consumados actores" al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y a Pablo Rodríguez y ha considerado que es "rematadamente falso" que el bono incremente el uso del transporte público porque el coste no es determinante sino otros factores como el servicio, la frecuencia y la puntualidad.

En su opinión, la idea de este bono ha sido del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y ha recordado que en esta corporación existe una tarjeta similar Ten+ cuyo coste es de 50 euros, tres euros más de lo que cuesta el bono residente en esa isla.

La parlamentaria ha agregado que desde su puesta en marcha, no ha mejorado la situación en las carreteras de la isla ni hay más uso del transporte público.

Natividad Arnaiz, de Podemos, ha dicho que el bono es una buena medida pero no debe ser la única ya que la calidad del servicio es determinante para el uso del transporte público.

Miguel Jorge, del grupo Popular, ha considerado que el bono es una buena medida pero gestionada de forma ineficaz y ha opinado que más que un bono regional es insular.

Por el grupo Socialista, Iñaki Lavandera ha manifestado que el sello de la Consejería de Obras Públicas es la improvisación y la falta de planificación y ha preguntado que si esta medida "revolucionaria", término utilizado por el Gobierno, tendrá efectos a corto plazo.

Guadalupe Gonzalez Taño, del grupo Nacionalista Canario, ha manifestado, por las intervenciones de los otros grupos, que ya se está en campaña electoral y ha aseverado que el primer enganche al transporte público es el coste.