El Pleno del Senado aprobó ayer, de manera definitiva, la reforma del Estatuto de Autonomía para Canarias, que desvincula el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica y modifica el sistema electoral, y que entrará en vigor en los próximos días, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado. Como en el Congreso, el nuevo texto, que refuerza la soberanía insular y consolida derechos y singularidades económicas y fiscales, contó con los votos a favor del PP, PSOE, nacionalistas canarios (CC y NC), PNV, PDeCAT. Por su parte, Cs se abstuvo y Podemos votó en contra por entenderlo insuficiente socialmente y una oportunidad perdida, aparte de no haber sido consultado el pueblo isleño.

La aprobación en lo que la mayoría considera un día histórico para las Islas, al respaldarse también el nuevo REF, contó con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, diversos consejeros, portavoces de partidos y una delegación de sindicatos y empresarios.

Todos los favorables conciben el texto como crucial para que el Archipiélago se sume a los estatutos de segunda generación y afronte los retos futuros con más solvencia para, al menos, los próximos 30 o 40 años, que es la media en que suelen renovarse este tipo de pequeñas constituciones de las comunidades. Eso sí, y por primera vez en España, una región ya es competente en sus aguas marítimas con este nuevo texto.

No obstante, el nuevo Estatuto mantiene un interrogante sobre la reforma del sistema electoral, ya que, según lecturas como las de Clavijo, depende ahora de que el Parlamento canario articule, en los próximos meses, un instrumento para su aplicación en los comicios autonómicos de 2019 mediante una ley, si bien sobre esto hay otras lecturas y grupos como NC no lo creen necesario y consideran que, como ocurrió desde 1983, basta aplicar lo escrito.

En sus intervenciones, la senadora de CC María del Mar Julios subrayó que el Estatuto introduzca derechos relacionados con la doble insularidad, reconoce la contribución de Canarias a la cooperación y la paz y es "exhaustivo" en el desarrollo de derechos y libertades públicas, "como corresponde a un estatuto moderno del siglo XXI". Julio Cruz (PSOE) indicó que "cumple con el sueño de los canarios y tiene identidad propia", al tiempo que congratularse de la lista regional de 9 escaños. La senadora del PP Auxiliadora Pérez destacó que se culmina así tres años de trabajos.

Lo de día histórico, ese tópico no siempre acorde con los hechos, no se debió ayer solo al nuevo Estatuto, sino a la aprobación, asimismo, de un Régimen Económico y Fiscal (REF) para Canarias revitalizado y que, tras el cambio en 2019, queda otra vez desvinculado del sistema de financiación y, por tanto, de los cambios de gobiernos en Madrid. Un REF que queda anclado precisamente en el Estatuto, con lo que se blinda, y que entrará en desde su publicación en el BOE.

También en este caso, Podemos votó en contra por entender que no es el REF que necesitan las Islas y que, hasta ahora, solo ha beneficiado a una minoría elitista. Frente a esto, el resto de grupos subrayan que consolida el carácter ultraperiférico de Canarias y sitúa a los isleños en igualdad de condiciones frente al resto de ciudadanos de la UE. Asimismo, contempla el reconocimiento, con vigencia indefinida, de las bonificaciones de las tarifas de los servicios regulares al transporte aéreo y marítimo de residentes entre la comunidad canaria y la Península (ahora en el 75%) e incluye la compensación del coste efectivo del transporte aéreo y marítimo de mercancías (al 100%).

Además y por primera vez, alude a la gestión de residuos para minimizar el impacto ambiental y fija mecanismos para moderar el precio del agua desalinizada y de uso agrario. También garantiza medidas para la formación profesional, contempla la recuperación del plan integral de empleo de Canarias y fomenta el desarrollo y la competitividad de las empresas. En sus intervenciones, Julios dijo que se trata del REF "más social: tiene rostro, tiene alma y dota a Canarias de herramientas para un desarrollo económico y social, con medidas para fomentar el empleo, combatir la pobreza y la exclusión social". Olivia Delgado (PSOE) subrayó la labor de consenso y que el REF sitúe a los isleños en la casilla de salida de la UE.

Disolver y llamar a urnas

El nuevo Estatuto presenta al Archipiélago como una comunidad ultraperiférica (tal y como hacía hace tiempo la UE, aunque aún no la Constitución española), sin políticos regionales aforados y con un nuevo sistema electoral cuyo reto es transformar de forma un poco más fiel y equilibrada entre territorios y población los votos en escaños. Aparte de desvincular el REF de la financiación, el texto permite al Gobierno de Canarias aprobar decretos ley y le da la facultad al presidente autonómica de disolver anticipadamente el Parlamento regional y convocar elecciones, tal y como ocurre en otras comunidades, como Galicia, Andalucía, Cataluña o País Vasco. Asimismo, obliga a que las futuras reformas de este texto sean aprobadas en referéndum.

Mar y sin aforamientos

Uno de los grandes saltos en la soberanía canaria es que las Islas tendrán competencias en sus aguas marítimas perimetrales, en la regulación de los planes territoriales y uso del litoral y playas, así como en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre. Asimismo, se compartirán las competencias de los aeropuertos, mientras que el desaforamiento de diputados y del Gobierno es una aportación de Cs, convirtiéndose en la primera vez que se da algo así en España. También es relevante el reconocimiento de la doble insularidad, aunque no como le gustaría a ASG, así como la aceptación de La Graciosa como octava isla habitada. Además, incluye el derecho a disponer de una renta ciudadana en caso de exclusión social y reconoce que los animales son "seres que sienten" y no podrán ser utilizados "en actividades que conlleven maltrato o crueldad".

De 60 a 202 artículos

El texto cuenta con 202 artículos, cifra considerable en comparación con los 65 del de 1982, reformado en 1996. La definición de otro sistema electoral, que sube los diputados de 60 a 70 y rebaja las barreras de acceso al Parlamento (de 30 a 15% insular y del 6 al 4% regional), es una de las principales novedades, sobre todo por la inclusión de una innovadora circunscripción regional que se suma a las 7 insulares, con vistas a dar más proporcionalidad a una Cámara en la que están sobrerrepresentadas las islas menos pobladas con la llamada triple paridad, que ahora decae, aparte de compensar a Fuerteventura con un escaño más por su aumento poblacional.