El “comienzo del curso” está siendo especialmente intenso para los funcionarios dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad. Si los funcionarios y personal laboral de prisiones han iniciado una huelga general a nivel nacional, en el Archipiélago guardias civiles y policías nacionales mantienen también sus particulares demandas. Y así se las trasladaron ayer a la delegada del Gobierno, Elena Máñez, los portavoces autonómicos de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Couce, y del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Luis Guedes, en una reunión mantenida en Las Palmas.
Una de las reivindicaciones es que los hospitales de las capitales insulares posean módulos de acceso restringido para presos y detenidos. El principal objetivo es que, con dos o cuatro agentes por turno, se pueda garantizar la seguridad de dichas personas privadas de libertad, así como de otros ciudadanos y del personal sanitario. Es decir, consiste en habilitar zonas específicas de dichas infraestructuras para atender a todos los internos y arrestados, independientemente de sus patologías o necesidades. En estos momentos, con cada preso o acusado deben estar, obligatoriamente, dos agentes. Y eso significa que se detraen muchos funcionarios de los servicios en la calle. Juan Couce explicó que el último incidente grave ocurrió en una sala de espera del hospital José Molina Orosa de Lanzarote, donde un interno de la cárcel de Tahíche causó relevantes daños materiales y agredió a los dos guardias que lo custodiaban.
José Luis Guedes señaló que otro de los asuntos abordados con la delegada fue la necesidad de elevar el “plus de residencia” para los agentes que trabajan en Canarias. Según el representante del SUP, en este apartado los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan una década de retraso respecto a jueces y fiscales por el mismo complemento. Cabe recordar que dichos operadores judiciales obtienen desde el año 2008 un plus por trabajar en el Archipiélago que es un 168% superior al de policías o guardias civiles de la escala básica.
Guedes y Couce coincidieron en reclamar que haya un “ascenso” en la categoría de los funcionarios que en estos momentos tienen el nivel C1, con el fin de que estén catalogados como nivel B.
Además de suponer un aumento de la nómina en algo más de 100 euros cada mes, la mencionada medida tendría como consecuencia un incremento en la cotización cuando se produzca la jubilación de los referidos integrantes de ambos cuerpos de seguridad.
Como es habitual, los representantes de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil y del Sindicato Unificado de Policía también plantearon la necesidad de cubrir las plazas vacantes de personal en las islas.
José Luis Guedes indica que en Canarias faltan más de 600 policías nacionales en total, mientras que Juan Couce explica que en ambas provincias se deben cubrir entre 400 y 500 plazas de guardias civiles.