La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias emitió ayer una resolución en la que advierte de que el Cabildo de La Palma tan solo ha podido justificar correctamente 1.705.768,61 euros de los casi 15 millones que recibió del Fdcan 2017.

El informe técnico, que rubrica el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Javier Armas González, ha sido remitido a la institución insular, cuyo presidente, Anselmo Pestana, considera esta resolución "ilegal" y se mantiene en que está justificado el 90% de los fondos, con una cantidad en riesgo de devolución de 1,6 millones de euros, lo que ya de por sí sería una cifra considerable aunque no tan grave como la que se plantea desde el Gobierno de Canarias, 13,4 millones, y que cada día toma más cuerpo de ser la definitiva.

¿Dónde radica la diferencia? En la justificación. Esa es la clave de toda la polémica creada y de que esté en peligro una cantidad sumamente notable. Y sobre esta cuestión no deberían existir dudas al amparo del artículo que la regula: "la forma de justificación consistirá en una declaración responsable del presidente del Cabildo (...) acompañada de informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente que acredite la veracidad y regularidad de los gastos y pagos justificados".

Después de consumir varias prórrogas y en la noche del último día de justificación, el pasado día 31 de octubre, Anselmo Pestana remitió la pertinente declaración jurada, pero el informe del interventor del propio Cabildo de La Palma, tal y como informó EL DÍA, tan solo acreditó "la veracidad y regularidad de los gastos y pagos por importe de 1.705.768,61 euros". El resto de las facturas presentadas ni tan siquiera pudo ser analizado por el técnico que tenía que dar el visto bueno, al carecer "de la información y tiempo necesarios para una adecuada fiscalización".

Los 1,7 millones justificados serán sometidos ahora a una auditoria. Sobre el resto del dinero, los 13,4 millones, la resolución de Hacienda es contundente y clarificadora: "la falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas, así como a los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la aportación hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Subvenciones".

El informe va incluso más allá y hace hincapié en que "el importe que sería objeto de reintegro, en su caso, previo al oportuno expediente tramitado al efecto, ascendería a 13.474.448, 92 euros".

Sin embargo, Pestana se mantiene en que "se trata de una resolución clara y manifiestamente ilegal, toda vez que los fondos están justificados, a fecha 31 de octubre, con memoria y declaración responsable de la Presidencia del Cabildo", con solo "ligeras matizaciones formales (así las califica) por parte de la Intervención". Sostiene que "en todo este proceso participaron los diferentes servicios técnicos del Cabildo a través del personal funcionario altamente cualificado".

El presidente dice que "la justificación se realizó, en cuanto a los costes directos, en base a certificaciones de pago realizadas por los departamentos de Tesorería del Cabildo y de los diferentes ayuntamientos de La Palma con la correspondiente supervisión de funcionariado público".

El interventor, sin embargo, mantiene en su informe que no pudo fiscalizar lo que Presidencia presentaba.

Por su parte, el vicepresidente insular y consejero de Hacienda, José Luis Perestelo, asegura que el Cabildo "ha cumplido con lo establecido en el convenio con el Gobierno de Canarias, y ante el posible problema técnico existente, las instituciones deben optar siempre por aclararlos estableciendo un plazo prudencial para que se corrijan las deficiencias y para conseguir lo más importante, que la Isla no pierda la inversión".

El PP teme "el caos del Fdcan" para la capital

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, ha solicitado al Grupo de Gobierno (PSOE-CC) la convocatoria urgente de una comisión para conocer cómo afectará a la capital "el caos que se está viviendo en la Isla" con el Fdcan, que contempla actuaciones de calado para la ciudad "que ahora mismo desconocemos si están en riesgo o cuándo se piensan llevar a cabo". Expone que "todos somos conscientes, incluso aquellos que públicamente se resisten a reconocerlo por cuestiones políticas, del descontrol absoluto que ha existido con el Fdcan en La Palma, colando facturas y certificaciones a última hora, y lo que queremos saber, sin falsedades, es en qué punto estamos y cómo ha afectado esa falta de gestión y capacidad a nuestro municipio". El líder popular sostiene que "no se ha respetado nada de lo planteado por el Grupo de Gobierno, pero es que ni tan siquiera se ha informado de los cambios o si definitivamente nos afectan el dinero que se pueda perder". Y es que además de los fondos "que no se logren justificar de 2017, nos preocupa el futuro". A propósito, Cabrera recuerda que está en juego la construcción "de una infraestructura que nuestra ciudad necesita y merece desde hace años, como es la estación de guaguas". "El Fdcan nos abrió la puerta para su financiación y queremos saber realmente si este desorden que estamos sufriendo también perjudicará a esta instalación", que el alcalde, Sergio Matos, "aseguró que se iba a iniciar este año".