Santiago Rodríguez Hernández (25 de julio de 1955, Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria) es licenciado en Psicología en la especialidad de Psicología Clínica y funcionario de la Comunidad Autónoma. El 9 de enero de 2017 fue nombrado Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Casi tres años después hace balance.

Valore los datos del último informe sobre la pobreza que sitúa a Canarias a la cola del país, solo superada por Extremadura.

Sin entrar de forma extensa en cifras y datos, hay que precisar que la tasa de riesgo de pobreza en Canarias es del 30,5% (la pobreza económica), lo que nos colocaría tras Extremadura y Andalucía (38,8 y 31%, respectivamente). Se explica por un menor nivel de ingresos de la población (8.863 euros netos por persona y año, frente a una media nacional de 11.074) y por la combinación de un elevado desempleo y unos salarios bajos. Como consecuencia, también se dan unas pensiones más bajas que la media española. La tasa a la que hace referencia el dato anterior es la llamada AROPE (en riesgo de pobreza y/o exclusión), que es más amplia que la de pobreza económica. AROPE incluye no solo a aquellas personas que son "pobres" por sus ingresos, sino también a aquellos en los que concurren otro tipo de circunstancias sociales que los sitúan en riesgo de exclusión: vivir en hogares en los que pocos de sus miembros activos trabajan y/o experimentan importantes carencias materiales, que incluye un abanico más o menos amplio de circunstancias. Algunas de ellas son tener muchas dificultades para llegar a fin de mes (20,9% de los canarios), para afrontar gastos imprevistos (52,4%) o retrasos en pagos relacionados con su vivienda (18,7%). Estas tres dimensiones están interrelacionadas, pero no son necesariamente lo mismo. Por último, aunque Canarias siempre tuvo niveles más altos de pobreza, la tendencia se está invirtiendo. Hemos bajado casi 4,5 puntos en la tasa AROPE con respecto al año anterior. Más de 94.000 personas han salido del umbral de la pobreza y/o exclusión. Y hablamos de personas, familias que lo están pasando mal, y nunca podremos estar suficientemente satisfechos.

¿En qué momento está la tramitación del Plan Integral contra la Pobreza de Canarias?

El borrador de la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 está concluido. La presentamos la semana pasada al Consejo General de Servicios Sociales y fue aprobada por una amplia mayoría. Ahora tenemos que remitirla al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, y posteriormente presentarla al Parlamento de Canarias, por lo que podría entrar en vigor a principios del próximo año.

Objetivos prioritarios a día de hoy del Comisionado.

La legislatura acaba en mayo, por lo que me centraré en mis objetivos hasta entonces. El primero y más obvio es la aprobación de la Estrategia. Pero la tarea del Comisionado no acaba tras ese paso, sino en promover, apoyar y favorecer su aplicación en años próximos para que se cumplan sus objetivos. Por otro lado, los resultados de la encuesta de condiciones de vida de los hogares canarios que realiza el ISTAC a instancia del Comisionado permitirá además territorializar las acciones y establecer las prioridades en cada una de las islas y comarcas. Al mismo tiempo, estamos trabajando en la herramienta informática que permita hacer seguimiento de la propia estrategia. Después hay otros compromisos que refuerzan lo anterior, como aprobar la Ley del Tercer Sector de Acción Social o dar el último empujón a la aplicación de las Cláusulas Sociales en la contratación pública, entre otros.

¿Es cierto que se han derivado fondos europeos del período 2014-2020 destinados a luchar contra la pobreza?

En absoluto. El objetivo 9 de los fondos FEDER es promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación. Dentro de ese objetivo, una de las prioridades de inversión es infraestructura sanitaria y social que contribuya a la reducción de desigualdades sanitarias y fomentar la inclusión social. Por otro lado, no es cierto que hayan llegado 94 millones para gastar en lucha contra la pobreza porque los fondos no se transfieren antes de la justificación. Se han gastado 26,9 millones, un 28%. Además, si los 94 millones disponibles para el objetivo 9 hay que ejecutarlos con plazo hasta 2023, con la ejecución lograda entre 2015 y 2017 a ese ritmo en 2023 habremos ejecutado ese eje.

Dibuje las líneas fundamentales de la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021.

La Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 es la herramienta que pretende responder a las personas que viven situaciones de pobreza o procesos de exclusión social, así como aquellas en situación de vulnerabilidad o fragilidad social, con especial énfasis en los menores. Impulsar políticas y medidas activas destinadas a lograr una sociedad con mayor bienestar y menos desigualdades, más inclusiva y cohesionada socialmente. Porque una persona puede ser pobre por muy diversas causas y probablemente por varias a la vez. La respuesta no puede ser un mero sumatorio de medidas desconectadas entre sí, sino integral y trasversal, obligando a un trabajo conjunto o coordinado entre departamentos y administraciones. La Estrategia, aunque es un documento del Gobierno de Canarias, implica a las otras administraciones y a diversos actores sociales, en particular entidades del tercer sector y ciudadanos particulares. Por tanto, es participativa y se apoya en una ciudadanía activa. El documento tiene 8 objetivos estratégicos y 34 operativos, que se concretan en 110 medidas, algunas de las que incluyen diversas acciones específicas, sumando un total de 342. La Estrategia se articula en torno a tres grandes bloques o ejes. El primero, la inclusión social activa; garantizar el acceso universal a servicios básicos y la suficiencia de rentas a personas o familias en situación de precariedad, así como implementar acciones que promueven la cohesión social y ponen en valor el ámbito comunitario. En segundo lugar se recogen las medidas y acciones en la atención especializada a determinados grupos o colectivos más vulnerables. El último eje aglutina una serie de actuaciones dirigidas a mejorar la propia respuesta de las políticas publicas de inclusión social, así como la apuesta por la calidad e innovación.

¿En su cargo es complicado llevar la pura teoría a la praxis?

El Comisionado no lleva a la praxis las políticas de inclusión social, sino muchos actores de diferentes niveles. Desde los centros directivos de la Comunidad Autónoma a las administraciones locales (Cabildos y ayuntamientos) pasando por agentes sociales, así como por la importante labor que desarrollan entidades del tercer sector y ciudadanos con trabajo voluntario, etcétera. La función del Comisionado es de impulso, coordinación y de seguimiento de estas políticas. Engrasar esa compleja maquinaria.

¿La pobreza va por barrios?

El paro, la precariedad o la pobreza no se distribuyen por igual en el Archipiélago. Existen desigualdades entre islas y municipios. Se trata de una realidad compleja y multifactorial. Muchas zonas de desventaja social se ubican en las áreas metropolitanas de las dos capitales, pero el mundo rural se enfrenta a otro tipo de desventajas diferentes que también hay que abordar. No hay que olvidar que el lugar de nacimiento o el entorno familiar son factores que influyen en esta realidad. La pobreza no solo va por barrios, sino que también va por familias y la pobreza se hereda. Por eso nuestro empeño fundamental tiene que ser romper el círculo de la pobreza en Canarias e impedir la transmisión intergeneracional de la pobreza. De ahí la gran importancia de actuar en las primeras etapas del desarrollo del niño y de la niña, desde la primera infancia.

Un mensaje para esos canarios que no llegan a fin de mes.

Todos conocemos a personas que atraviesan dificultades o las hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas. Por eso les diría que de la pobreza se sale, que la situación mejora, que ha comenzado la recuperación económica, que se está creando empleo y que desde todas las administraciones públicas vamos a seguir trabajando para mejorar la situación.

El fenómeno de "los trabajadores pobres". Valórelo.

Encontrar un trabajo hoy no significa dejar de ser pobre. Desde luego, es un fenómeno creciente que debe ser motivo de atención y preocupación política, ya que en España afectaba a un 11,6% hasta 2013 y cuatro años después, en 2017, supone ya un 14% de los ocupados. No existe mucho consenso social y político sobre la forma de abordar este debate. El Gobierno del Estado plantea una subida del Salario Mínimo Interprofesional y eso ayudará a muchos. Pero la negociación entre los agentes sociales es clave: sindicatos y organizaciones empresariales deben ser capaces de consensuar incrementos salariales en trabajadores ocupados con sueldos bajos y mejorar las condiciones y la calidad del empleo. Lo que no es aceptable en nuestra sociedad es la pobreza o que un empleo no permita llevar una vida digna.

Empleo de calidad, ¿un factor clave para erradicar la pobreza?

Es indispensable. Con contratos precarios, por horas o por días, no es posible que una familia tenga un proyecto de vida estable. Estamos impulsando una red de empresas que realizan su actividad con responsabilidad social empresarial. La pobreza afecta a toda la sociedad y es responsabilidad de todos.

Su balance en el cargo.

Mi antecesor estuvo un año y medio y yo solo llevo uno y nueve meses. Ha sido un período corto, pero intenso, en el que he procurado consensuar o conseguir la participación en cada paso con agentes sociales, tercer sector, municipios, cabildos y con las dos universidades públicas. Hemos concretado proyectos de investigación y de formación. Hemos sacado adelante la redacción de la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 y ahora estamos elaborando la herramienta para evaluarla. Se ha concluido la redacción de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, que ya está en el Consejo Consultivo, y hemos dado un impulso a la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación pública. Se ha logrado resolver la confusa situación creada tras la publicación del nuevo Real Decreto por parte del Ministerio de Industria que regula el bono social eléctrico y que ha posibilitado la firma de un convenio con las operadoras eléctricas. Supone que, a partir de ahora, en Canarias no se le cortará el suministro eléctrico a ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad. También se ha firmado la Concertación Social, que incluye un acuerdo para modificar y ampliar la PCI. Hemos creado la red Social Empresarial y ya estamos realizando, a través del ISTAC, la macroencuesta de ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios.

Pobreza y modelo productivo. ¿Consecuencia una del otro?

La economía canaria lleva décadas volcada sobre los servicios y en especial al turismo, un sector que ha traído mucha riqueza a esta tierra. El éxito en una sociedad terciarizada tiene sus inconvenientes, sus efectos perversos. Buena parte de la mano de obra requerida en servicios no exige especialmente una gran cualificación y eso afecta también a la calidad del empleo (rotación, salarios?), por lo que nuestro modelo turístico ha competido más en precios que en calidad hasta ahora, un modelo de sol y playa ajeno a la estacionalidad. Pensemos que las zonas turísticas españolas como Baleares o la costa mediterránea tienen mayores tasas de abandono educativo temprano precisamente por la gran demanda laboral no cualificada. Todo esto parece estar cambiando ahora: aumenta la oferta turística de calidad, por lo que los empleos tendrán que ser cada vez más cualificados y, obviamente, mejores. Al mismo tiempo, se desarrollan nuevos sectores y actividades ajenas a la turística, lo que crea nuevas oportunidades de empleo y la demanda de otro tipo de trabajadores cualificados. Pensemos en todo lo que rodea a la piscicultura y las algas, las energías alternativas? Impulsar y reforzar esos cambios implica también apoyar a los jóvenes que quieran reciclarse en estos nuevos sectores.

Mejoran los datos económicos, pero hay mucha gente en esta tierra que se queda atrás ¿Hay que redistribuir la riqueza?

Es uno de los grandes retos de las sociedades occidentales después de la crisis. Porque en muchas de ellas se han incrementado las desigualdades socioeconómicas. España es un ejemplo. Los estudios indican que las personas y hogares con más ingresos no han sufrido las consecuencias de la crisis tanto como los hogares con menos ingresos, los más pobres. Y lo que es peor, hemos visto que cuando al fin los índices macroeconómicos mejoraban, cuando los resultados de las grandes empresas crecían, los salarios y las condiciones laborales del trabajador apenas han mejorado o simplemente continúan en las mismas condiciones que en el momento álgido de la crisis. ¿Hay que intensificar las políticas dirigidas a una mejor redistribución de la riqueza? La respuesta no es ajena a los diferentes posicionamientos políticos. Mientras algunos consideran que si las cosas mejoran todos se verán beneficiados a la larga, otros cuestionan esta premisa y defienden que, incluso si esto fuera así, la agudización de las desigualdades tiene importantes consecuencias sobre la cohesión social, el contrato social sobre el que se basan nuestras democracias. Venimos de una crisis mundial muy fuerte y hay mucha gente que se ha quedado en la cuneta y eso es algo que las sociedades avanzadas no se pueden permitir.

La caña o el pescado

Rodríguez señala que "el modelo asistencial es más propio de otras épocas en las que los ciudadanos carecían de determinados derechos sociales. En una sociedad moderna del entorno europeo, las dificultades o las carencias que pueden tener determinadas personas o familias se plantean en un marco de derechos ciudadanos. Con frecuencia, esas carencias deben abordarse apoyando la capacitación de las personas para resolver su situación. En otras, por circunstancias, la atención tiene dimensión más asistencial. Pensemos en mayores sin familia y ya no pueden valerse por sí mismos".

La implicación

Por otro lado, el Comisionado explicó que "el marco en el que se desarrollan las políticas de inclusión social y contra la pobreza en Europa se denomina de inclusión activa, y responde a una concepción multidimensional de la pobreza y la exclusión social. Además, no todas las personas pobres están excluidas socialmente, ni viceversa. Apuesto por esta forma de entender la inclusión. Las políticas de inclusión activa se articulan en tres ejes: la inserción laboral activa, garantizar el acceso de todas las personas a los servicios públicos básicos y garantizar unos ingresos a todos aquellos que no pueden procurárselos. La inclusión activa promueve la inserción social de las personas más alejadas del mercado laboral, trabajando en favor de su activación, lo que exige la perfecta coordinación entre políticas de empleo y sociales. Tenemos que implicar más a las personas en la resolución de sus circunstancias, hacerlas partícipes de su futuro e incluso animarlas a participar en la planificación de las políticas que les afectan. Por supuesto, la administración debe suministrar las herramientas y garantizar los itinerarios".