Todos los grupos parlamentarios han pedido hoy al Gobierno de Canarias que si el Ejecutivo central autoriza a gastar el superávit presupuestario, éste se destine a educación para que así el presupuesto educativo en 2022 se sitúe como mínimo en el 5% del Producto Interior Bruto, tal y como establece la ley canaria de educación.

Los grupos han presentado en el pleno del Parlamento canario una Proposición No de Ley (PNL), que han aprobado por unanimidad, y en la que reclaman al Gobierno que, con el objetivo de llegar al 5% en 2022, incremente progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo.

Asimismo, exigen que se incorpore en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma canaria para 2019 un presupuesto de educación que se sitúe como mínimo en el 4% del PIB.

La diputada del PSOE Ana González ha afirmado que con los actuales presupuestos es difícil cumplir con lo que establece la ley canaria de educación , por lo que espera que en proceso de enmiendas se corrija la situación.

El diputado del PP Jorge Blanco ha insistido en que "la pelota está en el tejado" del Gobierno para que se pueda invertir el superávit y aumentar "razonablemente" la partidas en materia de educación.

El diputado de Podemos Manuel Marrero ha admitido sus dudas respecto a que el Gobierno central permita que el superávit pueda aplicarse y ha criticado que se destine dinero público para la salud, dependencia y educación privadas.

El diputado de Luis Campos Nueva Canarias ha avanzado que su partido defenderá "más que nadie" que el superávit pueda invertirse en 2019 en Canarias, donde las medidas del Gobierno regional han hurtado 149 millones a los servicios públicos.

La diputada de CC Alicia García ha defendido que al Gobierno le pertenece el superávit y que no se trata de que el Ejecutivo central "dé limosna", pues se trata de "un dinero" que está en las cuentas del Ejecutivo regional para que pueda destinarlo a gasto social.