La Agrupación de Policía Canaria de CCOO asegura que, a partir de enero, en el Archipiélago habrá un millar de plazas de policías locales sin cubrir, por lo que pide la adopción de medidas urgentes para corregir esa situación que afecta a la seguridad en numerosos municipios. En las islas trabajan unos 3.300 agentes municipales. Pero los ayuntamientos tienen creadas 700 plazas más en sus relaciones de puestos de trabajo que no están cubiertas porque no se han convocado las pruebas de selección obligatorias, lo que supone dejar de invertir 20 millones en crear empleo, según dicha organización sindical. Esta carencia de personal puede agravarse a partir de enero, cuando entre en vigor un real decreto, a nivel de toda España, por el que los policías locales también podrán jubilarse de forma anticipada a los 60 años, como ya ocurre, desde hace años, con guardias civiles, policías nacionales o autonómicos.

Carlos Lemes, de CCOO, explica que en Canarias unos 300 agentes municipales podrán acogerse voluntariamente a dicha normativa. Esa propuesta, que ahora está en el Consejo de Estado, cuenta con el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como de todos los grupos presentes en el Congreso de los Diputados. Lemes recuerda, una vez más, el "boicot planteado por algunos alcaldes, a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), al proyecto de modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias". Esa iniciativa bloqueada incluía, entre otras cosas, la posibilidad de que el Ejecutivo autónomo pudiera convocar las pruebas de selección de agentes municipales, lo que contribuiría a agilizar el proceso y a un considerable ahorro de dinero. Ante la situación que se plantea para el próximo año con el millar de plazas vacantes que quedarán en las islas, CCOO ha presentado una enmienda a los presupuestos de la Comunidad dirigido a los grupos de CC y PP. A través de esa propuesta, el sindicato pretende que, "de forma excepcional, el Gobierno canario asuma en 2019, mediante una disposición adicional en la Ley de Presupuestos, la gestión de la convocatoria de las citadas 1.000 plazas vacantes", con el objetivo de que "se cubran las carencias de todos los ayuntamientos".