Canarias fue el año pasado la segunda comunidad autónoma, después de Madrid, con más denuncias de agresiones de alumnos a docentes, con 147 casos, según los datos recopilados por el Defensor del Profesor del sindicato ANPE.

Los maestros de Educación Primaria fueron los que más ayuda pidieron para resolver sus conflictos en los centros de todo el país en el curso 2017-2018 y por primera vez superaron a los de Secundaria, según este sindicato de profesores, que destaca que volvieron a crecer las agresiones de alumnos a docentes.

Son los datos más destacados del último informe del Defensor del Profesor del sindicato de docentes ANPE, que atendió 2.179 casos de acoso y violencia hacia docentes el pasado curso, lo que supone un descenso global del 3 % respecto al período anterior.

Para Nicolás Fernández, presidente nacional de ANPE, estos datos ponen de manifiesto "una preocupante estabilización" en los casos de acoso y violencia hacia los docentes registrados en los últimos años de alumnos, padres, compañeros y dirección de los centros y alerta de que un 44 % afectaron a profesores de Primaria, frente a un 39 % de Secundaria.

Un hecho que para Crisálida Rodríguez Serna, Coordinadora de este servicio -que ha atendido a más de 34.700 docentes desde hace trece años- se debe a la "falta de apoyos" a los profesores en las aulas.

"Tan sólo 70 profesores menos que el curso pasado pidieron ayuda al Defensor lo que indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en las aulas", destaca el presidente de ANPE, que subraya que en el curso 2016-2017 los casos aumentaron en un 15 %.

El informe del Defensor -un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de conflictividad y violencia en las aulas- advierte de que las agresiones de los alumnos a los profesores, que en el período 2016-2017 pasaron de un 3 a un 12 %, crecieron el pasado curso un 1 %, por lo que los docentes demandan "mayor colaboración de las familias".

También aumentaron un punto los problemas que los alumnos generaron para dar clase o el acoso a los docentes, mientras que descendieron en un 1% las faltas de respeto a los maestros y las conductas agresivas de alumnos hacia compañeros, siendo más significativa la bajada del 10 % del ciberacoso al docente, lo que ANPE achacan a una "mayor sensibilidad social".

Sin embargo, el ciberacoso de los padres se mantiene en el 1 %, principalmente a través de los grupos de wasap, donde "difaman, faltan al respeto y se meten en la labor del profesor", según ha explicado Carolina Fernández del Pino, vicepresidenta de ANPE Madrid.

Los docentes aplauden el descenso hasta el 2 % de las agresiones de padres a profesores y que baje del 29 al 28 % el acoso que ejercen sobre ellos, pero inciden en que las denuncias a los maestros se mantienen en el 19 %, la presión para cambiar las calificaciones en el 8 % y las acusaciones sin fundamento en el 25 %.

Además, se mantienen en un 12 % los casos reportados de conflictos entre docentes y suben del 28 al 31 % los problemas con la dirección del centro.

Y esta situación, asegura Nicolás Fernández, provoca "un importante coste emocional para los docentes", que en un 74 % de los casos atendidos presentaban altos niveles de ansiedad, en un 13 % depresión y en el 11 % baja laboral

Fueron 16 los profesores que abandonaron la docencia el curso pasado, según ANPE, que recalca que los casos atendidos "son un pequeño porcentaje de los que tienen problemas y se trata de casos extremos".

Por comunidades, Madrid volvió a ocupar el primer lugar con más del 50 % de los casos atendidos por el sindicato (1.169), seguida de Canarias, con 147, y Murcia, con 126, mientras que País Vasco y Cantabria registraron el menor número de problemas reportados.

ANPE demanda, una vez más, un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que contemple la reactivación del Observatorio Estatal y los autonómicos de convivencia, así como mayor coordinación entre comunidades, entre otras medidas.

Sobre la futura reforma de la Lomce, el presidente del sindicato ha lamentado que no se refiera al desarrollo de la ley de autoridad y que no trate a fondo el problema del acoso y violencia contra los docentes.