"La situación es insostenible". Así justifica el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, la resolución firmada hace unos días, en la que advierte a Altamira Santander Real Estate S.A., la inmobiliaria del Banco Santander, de que se enfrentará a una multa de 32.230 euros si no procede a vallar unas parcelas de su propiedad ubicadas en Tíncer, junto a las vías del tranvía.

En ellas estaba previsto que se construyera el Proyecto de Urbanización Tíncer Bajo SO-2, Polígono 1. Sin embargo, hasta el momento esta obra no se ha llevado a cabo, a pesar de que, en su momento, el terreno fue, incluso, excavado. Algunas de los taludes laterales tienen varios metros de altura.

"Lleva muchos años de esa manera y lo que pretendemos, cuanto antes, es dar seguridad, y, luego, que se desarrollen los proyectos edificatorios previstos para, una vez finalizados, terminar de urbanizar esa zona", remarca el concejal.

En concreto, los solares en cuestión están ubicados en la calle Prolongación Andrés Orozco, una vía que, como consecuencia de la falta de urbanización de la zona y la ausencia de medidas de seguridad laterales, tiene uno de sus carriles -el de subida- inutilizado.

Según consta en la resolución de Urbanismo, la entidad financiera dispone de cinco días para ejecutar las medidas que le solicita el consistorio de la capital. En concreto, ejecutar en el perímetro de las parcelas excavadas, la e-1 y la e-2, un vallado transparente protegido por guardarraíles de hormigón prefabricado.

Además, deberá ejecutar un vallado y señalización de la totalidad del perímetro de las obras comprendidas en el proyecto de urbanización.

La resolución firmada ahora por Tarife trata de poner fin a un expediente que se inició en el año 2010, cuando desde Urbanismo se le pidió a la que en aquel momento era la concesionaria de la urbanización de los terrenos, la entidad mercantil Amador Díaz Ramos, que tomara todas las medidas de seguridad que se estimasen convenientes a lo largo del todo el perímetro de las obras.

Como consecuencia de ese procedimiento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó, en 2014, una sentencia en la que, básicamente, se recogen las medidas que ahora pretende hacer cumplir el área de Urbanismo a Altamira Santander Real S.A., propietaria de los terrenos desde el año 2013.

Con todo, y a pesar del requerimiento, el concejal de Urbanismo reconoce que le consta que existe "buena voluntad" por parte de la entidad financiera de ejecutar el mencionado proyecto de urbanización, pues así está registrado en la Gerencia de Urbanismo. No obstante, insiste en que "la situación actual es insostenible por su peligrosidad".

Carlos Tarife

concejal de urbanismo de santa Cruz