La viceconsejera de Seguridad del Gobierno canario, Blanca Pérez, afirma que el Ejecutivo aprobará definitivamente mañana el decreto que regula la homogeneización de las armas y medios defensivos en las policías locales del Archipiélago. Pérez explica que, con esta norma, se despejan, de una vez las cuestiones sobre qué armas se pueden usar, cómo y en qué condiciones. El asunto se abordará este lunes en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales y con esta ratificación se inician los trámites para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. La medida permitirá la generalización de la utilización del Dispositivo Electrónico de Control (DEC), conocido popularmente como "pistolas táser", ya que se considera que no es un arma lesiva, sino solo paralizante. También fijan los criterios para la incorporación de armas largas para determinadas unidades en tareas de custodia o vigilancia. Además, se establece que los chalecos antibalas serán obligatorios para los agentes municipales y se actualiza la calidad mínima de los guantes anticorte con los que intervienen estos profesionales. El nuevo decreto determina el protocolo de uso de las defensas (porras), sprays o grilletes. Una de las novedades es la posibilidad de que los vehículos radiopatrullas vayan equipados con desfibriladores. Los ayuntamientos dispondrán de varios años para poder adquirir e incorporar ese tipo de equipamiento en sus respectivas plantillas.

Sobre los daños ocasionados por el mar recientemente en el litoral de Garachico, la viceconsejera recuerda que, "en Protección Civil, la mejor cultura es la de la prevención". Comenta que "estamos trabajando en elaborar un modelo predictivo local del oleaje, dadas las características de ese pueblo". Apunta que "el modelo matemático ya lo tenemos hecho y ahora mismo se está calibrando, porque se basa en las características físicas del lugar, en los datos históricos de los últimos 40 años y en la información que ofrezca la boya, que se pondrá en estos días y se sacará en marzo". Y esa operación se repetirá entre 2019 y 2020.

Blanca Pérez asegura que la citada boya hará mediciones sobre el comportamiento del mar. El objetivo es que las administraciones dispongan, con 72 horas de antelación, del aviso sobre cómo va a ser el fenómeno costero que se produzca y con una precisión horaria "razonable". Advierte de que "eso no quiere decir que podamos evitar las olas, sino que servirá para adoptar medidas para garantizar la seguridad de las personas y los bienes". La viceconsejera dice que, con olas de 4,5 o 5 metros, el agua ya entra en la avenida Adolfo Suárez. Señala que "hubo picos mayores" a esa altura y que, además, había mar de fondo. Pérez comenta que, si hubiese ocurrido este fin de semana, el impacto hubiera sido mayor, "ya que hay luna llena y las mareas serían más altas".

El problema del fuerte oleaje en Garachico se empezó a afrontar desde finales del 2016, a raíz de que el alcalde, José Heriberto González, solicitara acciones de ayuda al Gobierno canario. Blanca Pérez comenta que "nos reunimos con la gente de Seguridad y Emergencias y la Plocan (Plataforma Oceánica de Canarias) y fueron ellos quienes nos marcaron qué es lo que teníamos que hacer". Y el modelo matemático lo ha desarrollado personal de la Universidad de Cantabria.

Para afrontar este problema con el mar, la Viceconsejería de Seguridad también instalará una cámara de vídeo en el mirador de Garachico, que permita visualizar toda la avenida. Será una herramienta que estará conectada al Ayuntamiento, a la sala del 1-1-2 y al área de Carreteras del Cabildo. Con este medio audiovisual, el sistema de Protección Civil sabrá qué está ocurriendo en cada momento. Desde un punto de vista general, el departamento que coordina Pérez ha encargado un estudio a Grafcan sobre evaluación de riesgos que pueda haber en el futuro con el cambio climático y el aumento del nivel del mar en todo el Archipiélago. Y recalca que "luego habrá que hacer un plan de prevención para toda la costa".

Blanca Pérez recuerda que en los últimos años su área ha impulsado el decreto de seguridad en las playas, a la vez que se actualizaron los planes de riesgos químicos, inundaciones y el vulcanológico. Y señala que ahora se trabaja en la Ley de Voluntariado, "que tendrá que ir acompañada por un plan financiero y garantizar recursos para su buen funcionamiento". Argumenta que "una sociedad resiliente es aquella que se adapta a las adversidades y esto no se puede hacer de espaldas a la ciudadanía". Según Pérez, las agrupaciones de voluntariado son "una pieza clave, porque convierte a los vecinos en más solidarios y también en personas más preparadas". Estima que "lo que hay que hacer es darles recursos, que todos tengan claro los protocolos y saber estar coordinados". Respecto al decreto de seguridad en las playas, Blanca Pérez dice que "Canarias tiene un uso muy intensivo de la costa y nos visitan 13 millones de turistas, que usan fundamentalmente nuestro litoral y eso nos genera un problema de seguridad importante". Recuerda que "toda nuestra costa no es igual". Aclara que los residentes utilizan poco el litoral del Norte de las islas en invierno porque en esa época el mar es peligroso. Pero advierte de que un extranjero que está de vacaciones también tiene que saber que ese enclave entraña riesgos y deben estar los medios. Por ese motivo, el decreto establece que habrá playas de libre uso, otras de utilización condicionada y unas terceras donde el baño estará prohibido.

Más recursos

La viceconsejera señala que, teniendo en cuenta las demandas de la Fecam, se ha establecido un fondo económico para que en los próximos cuatro años los consistorios se adapten a la nueva normativa de seguridad en playas. "Nos consta que ya hay cabildos y ayuntamientos que ya están trabajando" para aplicar el decreto, mientras otras administraciones ya tienen los medios, con balizamientos y socorristas todo el año, comenta. Para ayudar a las corporaciones locales en este ámbito y en mejora de medios para las policías locales, el Ejecutivo aporta 30 millones de euros anuales. Según Pérez, en el estudio económico sobre el impacto que tendrá en los municipios la aplicación de esta normativa se estipula que la inversión global en todo el Archipiélago ronda los tres millones. Pérez cree necesaria la incorporación de nuevas tecnologías para el rescate en el medio acuático, como el uso de drones o tablas con motor, e insiste en que la mejor medida es la prevención. En cuanto a la convocatoria de 57 nuevas plazas para acceder a la Policía Autonómica, la viceconsejera explica que "va a ayudar a seguir con la actividad" de este cuerpo. Reconoce que el Cuerpo General de la Policía Canaria "tiene poca visibilidad porque posee pocos agentes". Pero comenta que "está haciendo una labor magnífica en el ámbito de menores, tributos o en materia ambiental". Y, además, valora muy positivamente la colaboración y refuerzo que realiza con las policías locales de municipios con plantillas pequeñas. Está convencida de que la Policía Autonómica tiene que ir implantándose, poco a poco, en todas las islas. Si en el último año se convocaron plazas para volver a tener el centenar de agentes con el que empezó su actividad, las nuevas 57 servirán para que la entidad aumente de forma real sus efectivos.