Carmela no se llama Carmela y su perfil está más que disfrazado porque, aunque está más tranquila, sigue con miedo. Es docente en un centro desde hace una década y personaliza la fría estadística -matizada por la Consejería de Educación- de agresiones sufridas por los profesores en las aulas de Canarias. Este es su testimonio.

"Esta situación empieza en febrero de este año, apunta la afectada, cuando comencé a notar daños intencionados en mi vehículo, que dejaba dentro del centro. Primero un rayón al que no di mucha importancia, otro día rota la tapa de la gasolina. Lo cubrí con mi seguro. Fue reiterativo. Entonces puse una reclamación ante el equipo directivo y en la Consejería. También me robaron la cartera".

Tiene claro que "no voy a esperar a que me partan las piernas. Nunca me había pasado nada semejante. Depende de un alumno o de un grupo de ellos que se convirtieron en mis enemigos".

Carmela puso "escritos quejándome y recurrí a mi sindicato, Anpe, el que más me ha apoyado. También al Defensor del Profesor con todos los trámites administrativos necesarios. Abrió expediente, tomó instrucciones y parecía tomarse el tema en serio. He recibido una resolución hace quince días y analiza los hechos aisladamente porque dice que tiene que ser así. A mí lo que más me ha afectado es el conjunto".

La profesora confirma que "hay tensión. No se asume ningún desperfecto patrimonial en un centro educativo. Me han puesto por escrito que ahora deje el coche en la calle. No hay agresión física y hay que esperar a alguna. Así de claro".

Subraya que "no ha habido amenazas, son los hechos los que me han hecho sentir temor. Y me ha afectado de varias maneras, en mi trabajo, en mi salud y en mi vida diaria".

La afectada lamenta que "la tendencia es a lavarse las manos. Llevo diez años en el mismo sitio, he tenido problemas leves pero ahora quien sea está escondido, está solapado, no se sabe quién me agredió, ni se ha averiguado el motivo".

Valora que "me hubiera gustado recibir apoyo porque no veo normal que solo me escuche mi médico privado o la abogada del sindicato. Soy funcionaria y debería sentirme arropada".

Considera clave y ayudaría "ser considerados figuras públicas. El profesor ya no significa nada, es como si fuéramos iguales y se nota muchísimo".

Critica a la Consejería por "no tomarse tiempo para analizar qué pasó y asumir que deben defender a su personal, nadie tiene como función analizar estos casos. Los hay también de acoso entre profesores como en cualquier ámbito de trabajo. Todo el mundo tiene que ver con los centros educativos y a nadie le conviene que esto falle porque los primeros perjudicados son los alumnos. El profesor se va al terminar su jornada".

"He tenido una baja por esta situación -reconoce-, y creo que ha mermado mi salud. Tengo testigos, informes médicos y psicológicos de mi estado. El entorno me dice: No te lo tomes en serio. Acaba las clases y ya está. Pero eso no es tan fácil ni mucho menos".

Carmela plantea "por qué voy a renunciar a mi contrato de trabajo cuando todos sabemos lo que falta. Medios, transparencia, ética... Es una situación que está diagnosticada. Soy optimista, se podría solucionar y hay expertos para ello. Duele estar en la trinchera porque en un despacho no duele lo que pasa en las aulas".

Este es su diagnóstico: "En las aulas hay problemas de todo tipo. Niños con unas carencias tremendas, la autoridad te la tienes que buscar tú y tiene que ver con la transparencia. Debe quedar claro quién tiene que hacer qué y lo haga. Empezando por las programaciones. A veces lo que pone un papel no se corresponde con las realidades. Como por ejemplo lo de la atención a la diversidad. Tienes que hacerte con una clase muy diversa, única. Se mira para otro lado porque es imposible que un profesor atienda a ocho niveles diferentes ni a las altas capacidades. No sé si es cosa de las ratios, lo desconozco".

Insiste en que "he pagado yo mi vehículo, aparte los daños emocionales. Me he dado palos contra la pared. Tengo un sentido de la justicia muy arraigado y cuando algo me parece injusto lucho para que se denuncie. Considero que es injusto el trato que me han dado y sobre todo la indefensión".

"La resolución -resume- dice que si no estoy de acuerdo vaya a otras instancias judiciales, pero no es justo que me inserten en un pleito eterno. No pido llegar a eso pero tampoco quiero ir con miedo por la vida".

Resume que "estoy más tranquila, pero llegué a temer que creciera, pensé que si iba a parar o no. Me dijeron que utilizara el transporte público y la solución es cogerse una baja. Quiero trabajar pero en condiciones justas. Ni bajas ni excedencias sino trabajar con garantías y sin perder la dignidad".

Carmela concluye así: "Esta puede llegar a ser una profesión de riesgo pero de gran utilidad para la sociedad. Habría que cuidarla y dedicar más medios a resolver los problemas reales".