Llegó al cargo de concejal el 13 de junio de 2015, un año después de prejubilarse como director del IES Punta Larga, con el halo que prestigia al profesor "de toda la vida". Fernando Alduán lleva tres años lidiando con expedientes que están en el juzgado o causan pérdidas al Ayuntamiento de Candelaria y que surgieron en mandatos previos.

¿Casi cuatro años han sido insuficientes para enderezarlos?

Sí, es una mochila muy cargada de temas desagradables, espinosos y complejos. Son expedientes que lastran estos tres años y medio y que no permitieron hacer nada nuevo, sino dedicar el tiempo a tratar de resolverlos. Dicho sin ánimo de criticar el pasado.

¿Le cayó un marrón con la Concejalía de Urbanismo?

Dos (silencio). No lo he pasado nada bien. Ha sido una etapa complicada salvada por el ambiente y la cordialidad de mis compañeros de área, pero nadie debe quejarse de estar donde nadie le obliga.

Por partes. ¿Cuál es el futuro de la piscina cubierta?

Pasa por un gran acuerdo al margen de consideraciones políticas, por definir qué piscina necesita Candelaria, elegir el espacio idóneo donde construirla y ponernos a los nuevos pliegos, después de que el tribunal diga si Syocsa debe hacer su proyecto o se precisa otro concurso.

¿Se ha equivocado este gobierno?

Sería insensato pensar que no. Yo lo he hecho. Siento un enorme déficit de mi gestión porque no he podido gestionar casi nada debido a la carencia lacerante de personal. La solución pasa por la RPT, por dignificar el sueldo del personal, por echarle cabeza y constancia al trabajo, por ilusionar a los trabajadores que tenemos y atraer al que se fue. No hay técnico jurista de la Administración General, lo que hace casi imposible la gestión en Urbanismo.

Bajo la Cuesta fue el primer problema del mandato y sigue vivo. ¿Dónde erraron?

En nuestra política de comunicación. El ayuntamiento es la administración que se ha llevado todos los palos, iras y malestar, siendo la única que ha estado junto a ellos, hasta que ahora se comprometen el Gobierno de Canarias y el Cabildo. El único motivo por el que se produjo el desalojo es la seguridad. Hay informes que advierten de peligro cierto y el anterior alcalde decretó un desalojo (en su último día como regidor) que la alcaldesa tuvo que cumplir. Sorprende que se hable de desalojo ilegal cuando la inseguridad no ha disminuido en la zona donde no se ha podido proceder al realojo, sí en la parte a la que han retornado los vecinos.

A partir de ahora, ¿qué prevén?

Gobierno de Canarias y Cabildo se comprometen a abonar un tercio cada uno de la restauración del talud en dominio público propiedad de Dani Ran y estamos a la espera del informe jurídico que nos permita solicitar la concesión administrativa, pero los precedentes no nos hacen ser optimistas, salvo que haya novedades que hagan que los servicios jurídicos autoricen la ejecución subsidiaria, sin esperar a que el ayuntamiento tenga el dinero. Si el problema se reduce al ámbito económico, quizá veremos una solución, pero creo que el problema es más de legalidad.

El Ctcan es una realidad y avanza despacio. Pero, ¿se ha resuelto el problema económico?

El Valle tiene ahí posibilidades de desarrollo y de crecimiento. La parte menos clara es que el juez nos obliga a devolver lo retenido de la fianza y los intereses de demora.

Epelcan, una empresa municipal, ¿seguirá o no?

Cumplió una función, pero este ayuntamiento no tiene personal para afrontar las necesidades de sus actuaciones. Hay que valorar si es una empresa sostenible, si soluciona problemas y determinar para qué la queremos y si sus funciones las puede desarrollar el ayuntamiento. Pero ligerezas, las justas.

Junto a su antecesor, es investigado por no tramitar expedientes de infracción urbanística.

Es el colmo del disparate. No hay manera de incoar un expediente sancionador si no disponemos de un jurista funcionario. Este ayuntamiento no lo tiene y en la misma denuncia se admite que es así. Tras un proceso selectivo, este año tuvimos cinco durante unos meses, periodo en el que tramitaron los expedientes que pudieron.

¿Hay solución para la fase uno de la mejora de Antón Guanche?

Cuando íbamos a licitar las obras, el Consejo Consultivo nos obligó a incoar un procedimiento de finalización. Los servicios jurídicos interpretan que, por ello, la obra no existe. Desde mi punto de vista de inculto jurídico, se ocasiona al vecino un beneficio infinitamente menor que el perjuicio. Hasta que no concluya este procedimiento, no podremos intervenir.

¿Para cuándo la siguiente fase?

Sobre la mesa está el borrador del convenio a suscribir no con los vecinos, sino con las comunidades, que abonarán los 2.500 euros que pagará cada vivienda en 36 cuotas (tres años), 35 de 70 euros y la última, de 50. El proyecto, que no hará Epelcan, está pendiente de que Intervención autorice el gasto para su aprobación definitiva. La obra comenzaría en diciembre y terminaría antes de final de 2019.

Hablando de licitaciones, hay muchas en marcha y en cartera.

Pues sí. La primera de las actuaciones importantes es el depósito de Igueste y su acometida, el techado de la cancha del colegio de esta localidad, la mejora del entorno y alumbra de la plaza de Santa Ana, el parque multiaventura de Punta Larga, intervenciones en la red de pluviales en todo el municipio, el acerado y reasfaltado del aparcamiento rotativo, la colocación de una fuente en Las Caletillas, el alumbrado del parque Primero de Mayo, el acerado y alumbrado de la calle del cementerio, embellecimiento de jardines y más de 600.000 euros en asfaltado. Y habrá más.

¿Seguirá en política?

No tengo la decisión tomada. Sé que soy importante para mi familia, pero no soy necesario en política. De lo que sí me siento muy satisfecho es de la honestidad y de la honradez con la que se ha actuado durante este periodo. Y fíjate que no digo de la eficacia, porque no lo he sido.