El concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, defendió ayer que el impacto sobre el medio de los vertidos registrados a través del aliviadero de La Hondura -25 de septiembre y 16 de noviembre- es "casi inexistente", a pesar de que la turbidez del agua era mayor, aunque reconoció que estas aguas llegan al mar "tratadas, pero no ultrafiltradas".

El edil hacía referencia así al último informe elaborado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en el que se asegura que, en el caso del derrame del 25 de septiembre, el agua salió por la conducción de vertido, tras ser rechazada por Balsas de Tenerife (Balten) debido a su turbidez, "sin el tratamiento terciario".

En declaraciones a este periódico, Arteaga sostuvo que de las notificaciones de Emmasa, empresa responsable del servicio en la capital, no se desprende un comportamiento "irregular" en cuanto al mantenimiento de la depuradora. "Todo lo contrario", dijo.

No obstante, advirtió de que esta instalación, que da servicio también a los municipios de La Laguna y El Rosario, está "al límite" de su capacidad.

"A veces, Balten no coge toda el agua por necesidades propias. En esos momentos entra el alivio, y eso lo saben el Gobierno de Canarias y el PSOE. En todo caso, se trata de agua tratada, pero no ultrafiltrada. Está acreditado", afirmó.

El concejal remarcó que a este asunto se le está "buscando solución", que pasa por la ampliación de la depuradora. "Es la infraestructura que va a resolver definitivamente los problemas", dijo.

"Hay que tranquilizar a la población. Hay saturación de la red en determinados momentos, pero la solución está planteada. Confiamos en que en 2021 tengamos vertido cero", añadió.

En este sentido, hizo alusión a las declaraciones del consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, quien mostró hace unos días su "preocupación" por la licitación y adjudicación de las obras de ampliación de la EDAR. Al igual que el consejero, el concejal de Servicios Públicos aseguró también estar "preocupado" por esta adjudicación a la empresa que tenía la peor valoración técnica y la mejor desde el punto de vista económico.

Arteaga valoró que la actitud de Martínez "contrasta con la forma de entender este problema desde el PSOE en el Cabildo, en Santa Cruz y en el Gobierno". "Los socialistas del PSOE en el Cabildo están con el ayuntamiento como aliados a la hora de reivindicar una mayor respuesta y una aceleración de los trabajos, y, sin embargo, en la capital van por otros derroteros", criticó Dámaso Arteaga.

En esta línea, sostuvo que "el PSOE de Santa Cruz tuvo la posibilidad de presidir Emmasa en el mandato anterior durante más de un año y, prácticamente, hizo un impulso cero a iniciativas de estas características".

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, confirmó ayer que existe un "expediente instruido" por los vertidos que se produjeron los días 25 de septiembre y 15 de noviembre a través del aliviadero de La Hondura, el único de los cuatro que tiene la capital en esta zona que no cuenta con autorización en vigor.

En el caso del primero, y tras una inspección de técnicos de la Apmun, se abrió también un expediente sancionador. En todo caso, Barreto aclaró que este permiso "se está tramitando", y precisó que solo falta el último trámite, "que depende de la Dirección General de Costas".

La consejera remarcó que en Tenerife solo hay dos ayuntamientos que llevan al día la tramitación de todos sus expedientes, Guía de Isora y Santa Cruz de Tenerife, y detalló que la capital tinerfeña es el "único municipio" de Canarias con vertidos al mar que ha pedido una comisión técnica para hacer un "seguimiento mensual" entre técnicos municipales y de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para "agilizar" su expediente.

También apuntó que hay un plan de etapas, aprobado en 2016, "que se está cumpliendo escrupulosamente", y sostuvo que en 2014 el Ayuntamiento de la capital solicitó la autorización de vertido de tierra al mar para el aliviadero del muelle de La Hondura "y no se movió hasta 2015, cuando comenzó la legislatura actual".

"El trabajo se está haciendo y el Consistorio de Santa Cruz tiene tres autorizaciones para tres emisarios, y solo este aliviadero no cuenta con ella", sostuvo.

Respondía así a una pregunta parlamentaria sobre este asunto formulada por la diputada del PSOE Patricia Hernández. "Los sólidos vertidos son incompatibles con los tratamientos que dijo Emmasa que se hacían", apuntó Hernández, en referencia el vertido registrado el 16 de noviembre, que ayer se emitió en sede parlamentaria a través de un vídeo.

La diputada socialista insistió en que los vertidos "son ilegales", y para ello se amparó en el informe realizado por el jefe de servicio de Contaminación de Aguas y Suelos de la Viceconsejería de Medio Ambiente, del que se hizo eco ayer este periódico. "Tienen el deber de sancionar y de comunicar a los ciudadanos que les están engañando", afirmó.