El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán está citado este jueves en el Senado en el marco de la Comisión de investigación de la financiación de partidos para responder a las preguntas sobre el caso de los ERE falsos de Andalucía, en una sesión que tendrá lugar a tres días de la celebración de las elecciones en esa comunidad.

La comparecencia se produce dos semanas después de que pasara por la comisión su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, citado por el mismo asunto. Chaves se negó a responder a las preguntas del portavoz del PP, Luis Aznar, alegando que podía perjudicar a su defensa en el juicio de los ERE.

En su informe final en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción acusa al exconsejero de Hacienda y expresidente José Antonio Griñán de un presunto delito continuado de prevaricación y malversación, por lo que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

Con la comparecencia de Griñán, el PP concluye el ciclo de sesiones dedicado al PSOE y al PSPV y que ha incluido, entre otras, la declaración de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una sesión que duró casi seis horas.

Los ''populares'' vuelven ahora la mirada a Podemos. La siguiente comparecencia relevante en la comisión será la del secretario general de este partido, Pablo Iglesias, convocada para el 13 de diciembre y con la que el PP quiere abordar las cuentas de la formación morada y los supuestos vínculos económicos con el Gobierno de Venezuela.

Antes, el día 3 de diciembre, comparecerá el abogado venezolano Miguel Ángel Martín Tortabú, quien preside el conocido como Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Con él se abordará esta misma cuestión de la financiación de Podemos. Este TSJ en el exilio ha condenado recientemente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a 18 años y 3 meses de prisión por delitos de corrupción.

En esta comisión de investigación del Senado solamente participa el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta. El resto de grupos mantiene el boicot al entender que los ''populares'' la impulsaron como reacción a la constituida en el Congreso sobre su propia financiación.